Todos los lunes a las ocho de la mañana lleva a su hijo a terapia. Al volver a su casa, desayunan, realizan la tarea, juegan y almuerzan, antes de emprender el viaje para ir a la escuela. Al terminar la jornada lectiva retira a su hijo del colegio, meriendan e inician su camino a Terapia Ocupacional. Los martes los espera la psicomotricista, los miércoles la fonoaudióloga y los jueves otra sesión de psicomotricidad. La rutina de la familia Scalora se organizó en torno a «Lolo» de siete años, que padece trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) y que necesita de tratamientos constantes para mejorar la calidad de vida y su vínculo con la sociedad. «La psicopedagoga me dijo que en estas condiciones no lo puede atender más, y ya no asistimos hace varios meses a ese tratamiento. El resto de los profesionales lo siguen atendiendo aunque ya hace ocho meses que no cobran un peso», cuenta a Tiempo Mariela, la mamá. Ella es docente en una escuela pública porteña, y como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estatales del distrito, cuenta solamente con las prestaciones médicas de ObSBA, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Las demoras en los pagos de las prestaciones provocan que el seguimiento médico de Lolo muchas veces se vea interrumpido. «Las terapeutas me piden que reclame los pagos a la obra social, cada semana llamo y ellos me dicen que debo comunicarme a EXSAL Salud, que es la privatizada de ObSBA. Lo hago y me dicen que debo reclamar en la obra social, y así se van pasando la pelota», agrega. La situación por la que atraviesa Mariela Scalora y su familia, la padecen alrededor de 300 mil trabajadores porteños afiliados a ObSBA, que en los últimos años sufre un proceso de vaciamiento. El deterioro de ObSBA comenzó en el primer mandato de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno porteño, pero se profundizó severamente durante las dos gestiones de Horacio Rodríguez Larreta. Quienes están en el directorio aseguran que en dos o tres meses ObSBA puede desaparecer.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Del total de trabajadores afiliados, alrededor de 110 mil son docentes y auxiliares de escuelas públicas de la Ciudad, el resto devienen de otros sectores y muchos de ellos ya están jubilados. Los estatales de ObSBA aportan mensualmente el 6% de sus haberes mientras el resto de las obras sociales retienen el 3%. Las y los afiliados afirman que son rehenes de esta obra social, que si quieren pasarse a otra siguen sufriendo retenciones de sus salarios. En los últimos años, las autoridades de ObSBA dieron de baja una cifra incalculable de prestaciones médicas y farmacéuticas en todo el país. Redujeron un 60% la atención profesional en Odontología, Salud Mental, Oftalmología, Endocrinología y demás especialidades; desmantelaron el Sanatorio Méndez, sede principal de atención médica en CABA; dejaron de ofrecer el 100% de cobertura en medicamentos crónicos; cerraron las residencias turísticas, y despidieron a cientos de trabajadores.

Foto: Agencia Telam

Abandono de persona

Hace cuarenta años que Mario Diamonte y Blanca Nissin son afiliados a ObSBA. Ambos están jubilados y ella se retiró como directora de escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019 decidieron radicarse en Valle de Calamuchita, Córdoba, en busca de un tratamiento para Blanca, tras ser diagnosticada de una enfermedad neurodegenerativa irreversible. «Cuando vinimos acá nos encontramos con la situación de que no hay prestadores de ObSBA, por lo tanto tuvimos que contratar nosotros a los profesionales para que le brinden la atención necesaria a mi esposa», cuenta a Tiempo Mario, que luego de una serie de trámites, autorizaciones y envío de facturas, la obra de la Ciudad reintegraba los gastos. Los reintegros llegaban cada vez más tarde mientras la enfermedad de Blanca avanzaba y deterioraba su estado de salud. «El último año mi esposa estuvo con internación domiciliaria con seis personas atendiéndola. Al principio esos profesionales eran directamente autorizados por ObSBA pero con el tiempo cambiaron la estructura y debíamos arreglar con una privatizada que se llama Bien Salud», agrega. La atención médica de Blanca representaba gastos de cientos de miles de pesos mensuales que ambos pagaban con sus jubilaciones, y los reintegros de ObSBA llegaban hasta con diez meses de demora. «Esto era prácticamente un abandono de persona porque quienes no pueden pagar sus propias prestaciones están totalmente desamparados».

Blanca falleció el pasado 29 de mayo de este año y aún Mario sigue esperando que ObSBA se haga cargo de todas las prestaciones, dado que el último reintegro “parcial” que recibió corresponde al mes de diciembre. La obra social mantiene una deuda importante con Mario: “Miles de adultos mayores se ven imposibilitados de hacer todo este tipo de trámites y los pagos, por lo tanto están condenados a no recibir la atención médica que merecen”, termina.

La ObSBA se creó en agosto del año 2000 mediante la sanción de la Ley N° 472. Fue establecida como la continuidad del Instituto Municipal de Obra Social (I.M.O.S.), y puertas adentro se organiza como un instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado; cuenta con individualidad jurídica, autarquía administrativa, económica y financiera. El artículo 6 de la Ley estipula que tanto el presidente, como el resto del directorio, son nombrados por el jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires. El pasado 7 de enero, Larreta designó mediante el decreto Nº 13/22, a Juan Carlos Cela como presidente de ObSBA. Desde el gobierno aseguran que el nombramiento vino a subsanar tantos años de mala administración, pero los hechos muestran que todo empeoró.

Ana Belinco es docente hace 17 años y tiene una inmunodeficiencia severa por estar esplenectomizada, tras haber sufrido la extirpación del bazo para corregir una patología autoinmune que se llama «púrpura trombocitopénica idiopática». «Tuve que llamar a emergencias Vittal mientras cursaba un cuadro de supuesto Covid, digo supuesto porque me hisopé en una posta del GCBA y nunca me enviaron el resultado, y pese a que dije que era inmunodeficiente y asmática de nacimiento, que estaba hace tres días con 40 de fiebre y con dificultades respiratorias, me dijeron que me iban a atender por videollamada». Vittal es otra tercerizada donde ObSBA deriva las emergencias de sus afiliados que, además, deben pagar el servicio antes de ser atendidos por zoom. «Todavía no hice la cuenta de todo lo que gasté en esas videollamdas, me dejaron esperando horas, me la cobraron, pero nunca me atendieron hasta que me dormí en medio de un ataque de pánico total. Desperté al otro día y la fiebre había bajado. Nadie me llamó desde Vittal para ver si seguía en este mundo, digamos».

La mamá de Ana es jubilada y estuvo esperando meses por un tratamiento carísimo «que un jubilado ni yo como docente podemos costear, y recién después que empezamos a movilizarnos y a hacer quilombo se lo autorizaron», concluye con amargura. «

Foto: Diego Diaz

Un colectivo de autoconvocados

Cada estatal porteño aporta el 6% de sus haberes para recibir los servicios de ObSBA, a diferencia del resto de las obras sociales que reciben el 3% del salario. La diferencia porcentual se explica porque los trabajadores activos sostienen la atención médica de las y los jubilados. Por esta situación realizaron reclamos judiciales, además de exigir la participación de todos los gremios en la organización interna de la Obra como lo exige la Ley.

En los últimos meses, miles de afiliados se organizaron para denunciar el vaciamiento de ObSBA y la posibilidad de que, ante una presentación de quiebra de la entidad, pierdan la poca cobertura que tienen. Al mismo tiempo, denuncian que fueron abandonados por los gremios porteños, razón por la cual conformaron el colectivo autoconvocado de Trabajadores y afiliadxs en defensa de ObSBA. «La situación es muy grave, el propio Juan Carlos Cela que preside la obra social dijo que en dos o tres meses ObSBA tiende a desaparecer», afirma a Tiempo Zulma Lovay, vocal de ATE Capital del Hospital Fernández.

Al borde de la quiebra

Pese a contar con una organización mixta con capacidad de derecho público y privado, y con autarquía administrativa, económica y financiera, el macrismo logró desarticular esa estructura, y en el 2008 intervino la obra social.


Fue el propio ex presidente Mauricio Macri quien inició este proceso luego de un fallo favorable de la justicia porteña.


La intervención terminó el 10 de marzo de 2009 y el gremio mayoritario Sutecba retomó el control, en alianza política con el macrismo.


Actualmente la obra social está al borde de la quiebra con una deuda millonaria que superaría los 5000 millones de pesos, cifra contraída mayormente en base a contrataciones fantasmas.
La aceleración de la debacle apunta a Walter Correa (exchofer del jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta), que había sido elegido en su momento por el actual mandatario.