El Consejo de Seguridad de la ONU oficializó por unanimidad la ampliación por otro año del mandato de su misión de verificación de los Acuerdos de Paz en Colombia, con especial énfasis en la cuestión étnica. Además de los incumplimientos denunciados por diversas organizaciones de derechos humanos, producto de lo cual es imparable la masacre contra dirigentes sociales y campesinos desde la firma de 2016 en La Habana, la resolución hizo especial hincapié en la preocupación mostrada por el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, en su último informe sobre el deterioro de la seguridad que afecta de manera “desproporcionada” a los indígenas y afrocolombianos en algunas regiones del país.
El último informe trimestral elaborado por la Misión de Verificación en Colombia, que fue analizado por el Consejo de Seguridad el pasado 14 de octubre, alertaba del “desafío considerable” que genera el deterioro de la seguridad. En la resolución, la ONU instó al gobierno de Iván Duque y a las instituciones del Estado a buscar un “mejor uso de los mecanismos” contenidos en el acuerdo para frenar la violencia que afecta a estos pueblos y a los exinsurgentes que depusieron las armas.


Una cifra cercana a los 300 exguerrilleros fueron asesinados por grupos ilegales y organizaciones criminales, según reseñó entonces el informe que suscribe Carlos Ruiz Massieu.

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La novedad en esta nueva resolución, adoptada en las últimas horas fue la inclusión del “capítulo étnico”, según lo llamaron los representantes de Kenia, Túnez, Níger y San Vicente. “Queremos un capítulo étnico. Queremos que se implemente de una forma más ambiciosa, ya que las poblaciones indígenas y afrocolombianas necesitan ser incluidas en el proceso”, explicó el embajador de Kenia, Martin Kimani, actual presidente en ejercicio del Consejo de Seguridad. «