El uribismo desencadenó una guerra sin cuartel contra la Corte Suprema de Colombia, que ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe y en la práctica suspendió sus funciones de senador con el argumento de que podría entorpecer la acción de la justicia en una causa que, paradójicamente, inició él mismo en el año 2012. Así, mientras el líder ultraconservador fue diagnosticado con Covid-19, desde la propia presidencia de la Nación crece el clamor por una reforma constitucional para blindar al controvertido dirigente.

El caso que llevó a este fallo del tribunal nació cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda, al que acusó de haberse conectado con exparamilitares presos para negociar falsos testimonios en su contra.

Uribe es un enemigo feroz y sanguinario de la guerrilla y luego de haber combatido ca las FARC con todo el aparato estatal, también utilizó métodos y expertos en técnicas de lucha irregular entrenados por especialistas estadounidenses, que tienen bases militares erigidas con la excusa del combate de los grupos rebeldes.

Cepeda, en cambio, es un defensor de los derechos humanos que inevitablemente está enfrentado con ese sector de la dirigencia más belicoso. El ex presidente Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe, inició un proceso de paz con las FARC que el uribismo siempre rechazó. Cepeda, en cambio, fue defensor de algunos de los líderes insurrectos, como Jesús Santrich. La relación entre ambos no podía ser sino de enfrentamiento.

La relación entre ambos no podía ser sino de enfrentamiento. El acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla por Santos, con anuencia de la ONU y el auspicio de Noruega, Chile y el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, firmado en La Habana, Cuba, en ese mismo año de 2012, era un modo de salir del atolladero en que está Colombia en el último medio siglo.

Ese proceso se fue cumpliendo de manera bastante adecuada a los documentos establecidos, hasta que en agosto de 2018 asumió la presidencia Iván Duque, un hombre que ató su destino al uribismo sin fisuras. Mientras se dilataban algunos puntos de la implementación de pacto de paz, fuerzas paramilitares iniciaron una cacería de líderes sociales que ponen a Colombia como el país más peligroso para la defensa de los derechos ciudadanos.

Antecedentes:

Con Duque volvió la ultraderecha el gobierno.

Incertidumbre por los acuerdos de paz con las FARC

Santrich vulve a la lucha armada.

Guaidó y su amistad con escuadrones de la muerte colombianos.

No cesan los asesinatos de líderes sociales. 

La causa por la denuncia de Uribe llegó a la Corte porque se trata de miembros del parlamento. Hace varios días el clima demostraba que el tiro del exmandatario le había salido por la culata. La sensación crecía por los ataques coordinados de grupos de trolls en las redes sociales, advertencias y hasta amenazas de dirigentes de segundo orden sobre el poder judicial.

Finalmente la Corte ordenó el arresto domiciliario de Uribe en la causa por presunta manipulación de testigos. El tribunal informó que el expresidente «cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».

Uribe se defendió en su cuenta de Twitter.

Y recibió el apoyo, como el oficialismo esperaba, del actual mandatario y del partido Centro Democrático, que ya adelantó que pedirá una reforma de la constitución de 1991 para “garantizar una justicia no alineada con un sector político”.
Cepeda, mientras tanto, se dedicó a explicar en qué consiste el caso, que parecía olvidado para el común de la gente.
La finca de Uribe, en el departamento de Córdoba, fue el lugar elegido por Uribe para pasar la cuarentena. El lunes se informó que había pedido que lo revisara un equipo médico ya que algunos trabajadores de ese lugar habían dado positivo por Covid-19. Luego se informó que estaba contagiado y que no tenía ninguna complicación. Pero el virus le permite quedarse y no tener que cumplir la domiciliaria en su c asa de Antioquia.

El oficialismo, en tanto, mientras denuncia persecución judicial y habla de una reforma constitucional, se debate en una crisis interna que la asucencia de Uribe, el único que logra unificar criterios. Esa crisis pude repercutir en el presidente Duque, debilitado por la situación económica del país y por la violencia política.