La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) investiga sobreprecios en la compra del software Pegasus durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo curioso es que el titular de la UIF, Santiago Nieto, está hurgando en una trama por la que en algún rincón de la burocracia mexicana se habría esfumado parte de los 32 millones de dólares del contrato, pero nada indica que alguien se haya dedicado a averiguar los pormenores de lo que sin dudas es un escándalo internacional por el espionaje a dirigentes políticos, trabajadores de prensa y activistas de varios países del mundo. De hecho, el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, habrían sido víctimas de un artilugio para vigilancia elaborado por la firma israelí NSO que viene siendo cuestionado en distintas instancias al menos desde 2017. El último gran estrépito mediático se produjo el fin de semana, cuando salió a la luz un extenso informe de las organizaciones Forbiden Stories y Amesty Internacional, que en Gran Bretaña publicó el diario The Guardian, en Francia Le Monde, en EEUU The Washington Post y en Israel el Haaretz.

FS, una ONG periodística con sede en París, y AI, basada en Londres, obtuvieron una lista de más de 50.000 números de teléfonos inteligentes. Luego de un trabajo de meses con 80 periodistas de varios medios internacionales, se centraron en un puñado en los que se detectó actividad de un malware espía. Hay que decir que la mayoría de los teléfonos invadidos eran iPhone.

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El software en cuestión había sido desarrollado por NSO Group, una firma especializada en vigilancia que, consultada para que diera su versión de los hechos, asegura que solo vende Pegasus a gobiernos y con el único propósito de seguimiento y vigilancia sobre crimen organizado. Se desentendió de cualquier otra implicancia con la información detectada.

En la lista de espiados hay contactos que fueron identificados por los periodistas y que corresponden a más de 1000 personas de 50 países de cuatro continentes. Entre ellos, además de Macrón y AMLO, figuran varios miembros de la familia real árabe, al menos 65 empresarios y ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 dirigentes políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros del gabinete, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad, 10 primeros ministros, tres presidentes y un rey.

Como para mostrar el tamaño de las acciones que podrían haberse cometido con Pegasus baste decir que hay una sospecha con cierto fundamento de que el celular de la pareja de Jamal Kashoggi fue atacado con ese programita antes de la desaparición del periodista saudita en la sede del consulado de Arabia Saudita en Estambul, en octubre de 2018. Y que el sospechoso de instigar el crimen del periodista disidente, el príncipe Mohamed bin Salman fue responsable de haber ordenado la compra de Pegasus para el gobierno de Ryad. También el hijo de Khashoggi, Abdullah, había sido víctima de una invasión informática.

NSO Group es un sofisticado desarrollador de tecnología de vigilancia que afirma que sus productos son para rastrear criminales y terroristas. Entre sus clientes, sostiene oficialmente, hay 560 instituciones públicas de 40 países. Jura que hay otros 55 países interesados a los que no les vende “porque tienen antecedentes de no respetar los derechos humanos”.

En informe de FS y AI indica que hay periodistas vigilados de Azerbaiyán, Arabia Saudita, Marruecos, Ruanda, Hungría, Emiratos Árabes, la India, pero también Francia y México. En este último país, que ostenta el tenebroso récord de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo -hay un promedio de un trabajador de prensa asesinado por mes desde hace años- ya se había denunciado la incursión de Pegasus en 2017, cuando aún gobernaba Peña Nieto.

Espionaje a periodistas mexicanos.

Aquel escándalo que reveló el The New York Times no alteró demasiado el amperímetro de los derechos humanos y la libertad de prensa. En diciembre pasado, otra investigación de la Universidad de Toronto mostraba que el programa -que había sido inicialmente creado por la empresa Circles Cloud, que fue absorbida por NSO Group en 2014- se había extendido a 25 países, entre ellos los latinoamericanos Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Otra investigación, ahora de Canadá.

A partir del informe de FS y AI, el escándalo creció un poco más y alteró los nervios de muchos dirigentes en el viejo continente al punto de tener que fijar algún tipo de posición. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el hecho “es completamente inaceptable y va en contra de cualquier tipo de regla que tengamos en la Unión Europea en lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación. La libertad de prensa es uno de los valores centrales de la Unión Europea. Es completamente inaceptable”, insistió, aunque luego diluyó un tanto la protesta con un diplomático “si este fuera el caso”.

En México, mientras tanto, la investigación se centra con contratos entre los proveedores del sistema, las empresas Balam Seguridad Privada y Grupo Tech Bull. “Se presumen actos de corrupción entre 2012 y 2018″, dijo el director de la UIF. Los contratos terminaron el 31 de diciembre de2018 y no fueron renovados por AMLO, que había asumido el 1 de diciembre.