La empresa que era emblema del desarrollo tecnológico estatal, en solo 20 meses se transformó en símbolo del vaciamiento. La renuncia a la soberanía satelital fue el corolario de una serie de decisiones que supeditan los objetivos estratégicos de ARSAT al interés de las grandes corporaciones y los capitales trasnacionales.  Subejecución presupuestaria; falta de inversión en la extensión y mantenimiento de la Televisión Digital Abierta; subutilización del Data Center y acuerdos con bases de datos extranjeras. Lo único que se mantiene es la extensión de la red de fibra óptica, aunque el modelo busca complementar la oferta privada y abaratarle el acceso a nuevas localidades.

Cuando el domingo pasado se filtró la carta de intención firmada entre ARSAT y la estadounidense Hughes Network Systems, el orgullo de aquellos que festejaron la llegada al espacio con un satélite propio como si se tratara de un triunfo deportivo se transformó en indignación. El acuerdo no solo compromete al país a crear una empresa en la que tendrá minoría accionaria; sino que de ratificarse se cederían las posiciones orbitales del país junto a las decisiones estratégicas de cobertura y servicio. Si se tiene en cuenta que el satélite podría proveer de servicios de Internet en lugares donde la fibra óptica no llegase y donde las empresas privadas no encuentran rentabilidad, las concesiones se vuelven aún más riesgosas.

Para evitar que distintas gestiones puedan torcer los objetivos con que se había creado la compañía, en noviembre de 2015 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de desarrollo de la industria satelital (27.208/15). Allí no solo se fijó el plan para fabricar ocho satélites nuevos hasta 2035, sino que el artículo 10 estableció que cualquier cambio en los “recursos esenciales o asociados” de ARSAT requerirá autorización del parlamento. Por eso los letrados Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti presentaron una denuncia por “abuso de autoridad y administración fraudulenta” contra los responsables gubernamentales.

Todavía más, en los 20 meses de Cambiemos en el gobierno se autorizó a 14 satélites extranjeros a dar cobertura en el país compitiendo con ARSAT. Esta decisión también incumple la Resolución 3609 de la ex Secretaría de Comunicaciones sancionada en 1999. Allí se establece que no se autorizarán nuevos satélites mientras el operador nacional tenga capacidad ociosa. El Ministerio de Comunicaciones alega que brinda las autorizaciones en función de acuerdos de reciprocidad, aunque la única que establece concesiones es Argentina y, en agosto de 2016, se consideró la reciprocidad con México para aprobar un satélite de Eutelsat (con sede en París) ya que este último había adquirido el capital societario de Satélites Mexicanos SA (SatMex).

Televisión Digital (menos) Abierta

A pesar de que tiene menor nivel de visibilidad, el vaciamiento de la unidad de negocio de televisión digital es más evidente.  De las 35 antenas de transmisión digital que faltaban instalar para dar cobertura nacional en el cambio de gestión, ARSAT apenas anunció la inauguración de seis en los últimos 20 meses. De esas solo tres están hoy activas: Esquel, Victoria e Ituzaingó.

Pero tampoco invierte en mantenimiento y los servicios de transmisión se deterioran. El caso paradigmático es el de la Estación de Transmisión Digital de Lago Puelo, que se encuentra apagada hace más de cuatro meses. Eso puede verse en el sitio web de ARSAT. La compañía ya no recibe otro tipo de reclamos porque dio de baja en marzo del 2016 el servicio de atención al usuario (0800TDA) que resolvía alrededor de 50 mil consultas mensuales.

También suspendieron el acceso al Plan de Acceso Mi TV Digital, trámite a través del cual cualquier jubilado, pensionado con haberes mínimos o titular de la AUH podía acceder de manera gratuita a un decodificador para poder captar la señal. Y cancelaron la venta online de kits satelitales dejando alrededor de 2 millones de hogares sin posibilidad de acceder un equipo receptor en localidades donde no hay cobertura terrestre.

Estas decisiones dificultan que se pueda proceder al apagón analógico en 2019 tal como estaba previsto y restringen el acceso a contenidos audiovisuales plurales y gratuitos. Algo que beneficia lógicamente a la proveedoras de TV por cable y en especial al Grupo Clarín, que tiene cuatro de cada diez abonados del país.

Los contenidos que se distribuyen por TDA también sufrieron modificaciones. En abril el decreto 257 transfirió al Sistema Federal de Medios Públicos la planificación de la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre. En su nueva grilla se destaca la eliminación de los canales Telesur, Digo TV, Viajar, Rock & Pop, Acua Federal y Acua Mayor (el primer canal latinoamericano destinado a adultos mayores); y la suba de las señales de La Nación, Crónica TV y Canal 26.

Finalmente, Tiempo pudo saber que la promocionada llegada de la televisión digital a otras nueve localidades (en Salta, Córdoba, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego y La Rioja) no tendrá el alcance previsto. En realidad utilizarán Estaciones Digitales Transportables que fueron adquiridas durante la gestión anterior y que tienen menos alcance que las Estaciones de Transmisión Digital planificadas.

 Con los datos y la plata a otra parte

“El Data Center de ARSAT es el más seguro del país y uno de los más eficientes de América Latina”, asegura el Ministerio de Modernización en su sitio web. A pesar de ello y de que tiene capacidad ociosa, este mes el Ministerio dirigido por Andrés Ibarra anuncio un memorándum de entendimiento con la trasnacional Amazon que establece una serie de trabajos en conjunto. Entre ellas, la empresa del millonario Jeff Bezos hizo trascender que el gobierno probará dos bases de datos dentro de la nube de Amazon, algo que incumpliría la Ley de Protección de Datos Personales ya que la información pasaría a estar manejada en equipos ubicados en países extranjeros.
Por ese motivo esta semana la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Vía Libre hicieron un pedido de información pública para acceder a los detalles del acuerdo. Esta última destacó que el Data Center de ARSAT hace innecesario recurrir a Amazon para esos servicios.

A pesar de todo esto, el caballito de batalla de la gestión de Rodrigo De Loredo al frente de ARSAT es el Plan Federal de Internet. En cada ocasión en que el yerno de Oscar Aguad tiene para hablar destaca los avances en el tendido y la iluminación de la red de fibra óptica. Allí destina casi todo el dinero por la venta de capacidad satelital, algo que en el plan aprobado por la Ley 27.208 debía destinarse a la construcción del suspendido ARSAT-3.

De Loredo, que rechazó ser entrevistado por Tiempo durante toda la semana, planteó que esta tarea ayudará a reducir la brecha digital. Sin embargo, según trabajadores de ARSAT, esto no sucede porque no se toman medidas que busquen la reducción de precios minoristas. Así, el Estado cumple un rol subsidiario a las empresas que proveen servicio a los hogares dejando librado al mercado su participación en las grandes metrópolis y facilitándoles el acceso a los lugares menos rentables.

Esta estrategia se ve en los números disponibles en la web de ARSAT. Nueve de cada diez pesos invertidos en el primer cuatrimestre fueron destinados a la Red de Fibra Óptica. Y tomando como referencia el plan de inversiones presentado por el propio De Loredo para 2017, en los primeros cuatro meses apenas ejecutó el 2% de la inversión satelital prevista y el 1% para el sistema de TDA. «