El avance de la educación privada es un proceso que se observa en gran parte del país, sobre todo en las grandes urbes, pero que tiene su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde los secundarios privados ya tienen más alumnos que los colegios públicos.

Según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, en 2014 los chicos que cursaron el ciclo común en secundarias privadas y públicas fue casi similar: 91.046 frente a 90.738. Pero el año pasado, por primera vez en la historia de la Capital Federal, la secundaria privada superó claramente a la estatal en cantidad de estudiantes: 93.477 contra 90.878. Aumentó un 2,6% en sólo un año y la matrícula es la mayor desde 2000, cuando hubo 95.286 chicos. Luego descendió por la crisis. La matrícula de la secundaria pública, en cambio, fue cayendo desde el inicio de la gestión macrista: 98.754 en 2007; 91.599 en 2011. Hoy los alumnos de secundarios privados representan el 50,7% del ciclo común. Es el porcentaje más alto del país, donde el promedio no llega al 30 por ciento.

“Primero hay que definir qué es educación privada. Está invisibilizado que se trata de una educación financiada por todos nosotros. Reciben más subsidios que los colectivos, y ahí el chofer los hace subir a todos, acá el dueño de la escuela elige quién entra o echa docentes de manera discrecional”, considera el secretario de UTE-CTERA, Eduardo López. Y sentencia: “Actualmente los dueños de las privadas son planeros vip”.

De casi 800 establecimientos educativos de gestión privada que existen en la Ciudad, más del 50% reciben subsidios. Unos 350 son secundarios. La página web del gobierno porteño especifica que los privados de hasta 40 horas que reciben el 100% de cobertura estatal, igualmente pueden cobrar un arancel máximo de 517 pesos. Los de 40% de cobertura pueden pedir hasta 2819 pesos. Por ejemplo, el colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en Las Cañitas, en 2015 recibía 100 mil pesos del Estado porteño, y su cuota superaba los $ 4300. Sólo en 2013, la ORT recibió más de 2 millones de pesos de subsidios.

El avance de las privadas no es algo que ocurre sólo en Ciudad. En el período 2003-2013 aumentó un 35% la matrícula en provincia de Buenos Aires, y en Neuquén, un 36 por ciento. Sin embargo, en Capital Federal la situación está atravesada por factores particulares. Uno se conoció recientemente: respondiendo a un pedido de informes del diputado del FIT, Patricio del Corro, el Ejecutivo porteño admitió que 11.432 chicos que quisieron estudiar en el sistema educativo público de la Ciudad este año, no pudieron obtener lugar. Del nivel inicial fueron 10.665; en la secundaria llegaron a 328. “Es parte de un plan político que toma a la educación como un negocio: para este año, Infraestructura escolar aumentó un 19%, y los subsidios a privadas, un 41%”, subraya Del Corro.

“Los chicos que quedaron sin vacante ingresarán en el ámbito privado y seguirán ahí jardín, primaria y secundaria –reflexiona López–. En siete años se dirá que están en privadas porque hay menos paros que en las públicas, cuando en realidad fue por una mala política. Hay 11 mil chicos sin vacantes, y hasta el terciario de River cobra subsidio”. La inscripción online tampoco trajo más alumnos al sistema público. En 2015, hubo 1000 chicos menos en la secundaria y 1200 en primaria, respecto de 2013.

Un problema es la falta de establecimientos. Del Corro, Marcelo Ramal y Laura Marrone presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para crear las 33 escuelas con las que se cubriría la falta de vacantes en todos los niveles. Casi todas en el sur de la Ciudad.

El financiamiento surge como un tema clave. A lo largo de estos ocho años de gestión PRO, la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento no utilizó 850 millones de pesos presupuestados para escuelas públicas. De acuerdo a valores de construcción de 2015, ese monto equivale a 69 secundarias de seis salones y SUM, o a 127 jardines.

Lo destinado a Educación hace diez años era el 30% del presupuesto total de la Ciudad. Este año es el 20,7 por ciento. De ese monto, el porcentaje destinado a educación estatal se va reduciendo año a año: del 62,8% que ocupaba en el presupuesto educativo en 2008; al 50% en 2015. En cambio, lo destinado a privadas se mantiene en 16,6%, como al inicio de la administración macrista. En contraposición, apenas el 1,08% va a infraestructura, de lo más bajo entre todas las carteras educativas del país.

Un documento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) destaca que la inversión en infraestructura escolar fue tres veces menor a la destinada a publicidad oficial. «En la práctica, la Dirección de Educación de Gestión Privada no tiene en cuenta los aranceles extra que cobran las escuelas y que operan como cuota encubierta, lo que genera que se mantengan los subsidios a escuelas a las que asisten alumnos y alumnas de alto poder adquisitivo», expresa Olivia Minatta, abogada de ACIJ, y enfatiza: “Mientras hay chicos que no encuentran vacantes en escuelas estatales, el Estado subsidia privadas en zonas aventajadas donde hay escuelas públicas».

Para Sandra Ziegler, directora de la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de FLACSO, la elección de una privada “está vinculada a una imagen de este circuito como un espacio más cuidado, que cuenta con proyectos de escuela sostenidos a lo largo del tiempo y también por la estabilidad y continuidad del ciclo lectivo”. En 2015, el porcentaje de alumnos repetidores en el sector público porteño fue de 13,7%; en el privado apenas 3,2 por ciento. Sin embargo, al analizar los exámenes de la Evaluación de Finalización de Estudios Secundarios de la Ciudad en 2013, los resultados entre alumnos de públicas y privadas fueron similares. «

Alquilados y abandonados

Actualmente, el 10% de los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires funcionan en terrenos alquilados. Entre la Defensoría del Pueblo porteña y los padres y docentes autoconvocados por la falta de vacantes en escuelas, relevaron por lo menos 20 edificios ociosos, abandonados, que podrían convertirse en colegios.

Muchos de ellos, como el ubicado en Venezuela 3269 y el de Ramón Falcón entre Mariano Acosta y Ensenada, pertenecen al Ministerio de Educación. «La gran mayoría de las escuelas públicas no tiene condiciones dignas para que los chicos estudien. Los alumnos estudian hacinados, con caños que gotean y en edificios que se vienen abajo. Es todo un desastre», aseguró Patricia Pines, madre de un alumno e impulsora del relevamiento.