Denuncian al gobierno por presunta manipulación de datos electorales

La presentó esta mañana el abogado Antonio Liurgo, quien promovió la investigación por las presuntas contrataciones irregulares del gobierno porteño a favor del periodista Fernando Niembro.
14 de agosto de 2017

El abogado Antonio Liurgo presentó este lunes por la mañana la primera denuncia penal contra el gobierno nacional por la presunta manipulación de datos electorales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe en las PASO que se celebraron en la víspera en todo el país. 

La denuncia recayó en la Cámara Federal, pero podría tratarse de una investigación sobre un eventual delito electoral, por lo que podría cambiar
rápidamente de fuero.

Liurgo, el abogado que promovió la investigación por las presuntas contrataciones irregulares del gobierno porteño a favor del periodista deportivo Fernando Niembro (fue sobreseído pero la decisión está apelada), denunció “una abortada información a la ciudadanía respecto a los resultados de las elecciones, manipulando los datos ingresados en forma direccionada en el centro de cómputos”.

El escrito sostiene: “Esta anomalía que hemos presenciado por televisión además de tratar de vender una realidad publicitaria en las primeras horas del recuento de votos culminó con la abrupta decisión de suspender la carga cuando faltaban los votos donde el oficialismo indudablemente había perdido la elección”.

Fuentes de la justicia electoral explicaron que lo ocurrido ayer con los números electorales es sólo una difusión de resultados menores aún a los provisorios y que constituyen una tradición a los efectos de informar a los medios de comunicación el resultado presunto de los comicios. Pero todo lo conocido hasta ahora no tiene valor legal; sólo lo tendrá el resultado oficial del escrutinio provisional que comenzará el próximo miércoles.

En ese escenario, Liurgo denunció que “el cercenamiento del acceso a la información constituye el incumplimiento de una obligación de los funcionarios en su deber de informar al pueblo”, lo que se podría traducir en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” de todas las autoridades encargadas de organizar y supervisar los comicios.

“Esta abrupta decisión de omitir la información y judicializar sin incorporar la documentación que acredita puede constituir una maniobra de fraude”, añadió el denunciante.

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