Ocho días antes de que estallara el escándalo por el intento de «abusivo» de la deuda que Correo Argentino S.A. mantiene tiene con el Estado, el fiscal Federico Delgado -a cargo de investigar el patrimonio offshore del Clan Macri-, le recordó al juez Sebastián Casanello que la información que puede demostrar el origen de esos fondos está en el informe de Fuga de Divisas del Congreso. Pero también aprovechó para marcar la lentitud de la Cancillería que encabeza Susana Malcorra para conseguir información en el exterior que puede complicar a su propio jefe político, Mauricio Macri.

Delgado insistió en varias oportunidades durante el año pasado, tras el escándalo de los Panamá Papers que develaron las empresas que los Macri tienen en los llamados paraísos fiscales, para que la cancillería exhorte a Panamá, Bahamas y Brasil a que entreguen información a la justicia argentina. Fue en vano. Es que depende de la voluntad de Susana Malcorra y sus funcionarios que prosperen los pedidos al exterior para saber si Macri lavó dinero u ocultó información de manera maliciosa.

En comparación con la celeridad que tienen distintas causas que dependen de los exhortos diplomáticos, como la que se investiga contra Lázaro Báez, la de las sociedades de los Macri en las guaridas fiscales es una de las que va más lento. Casi que no camina.

Delgado cree que gran parte de la información que puede desentrañar en la causa si hubo delito debería «provenir de terceros Estados». «Sólo la colaboración de potencias extrajeras permitiría construir con precisión estos hechos que comenzaron hace 20 años», dijo. Recordó que para que la colaboración entre países se haga efectiva «requiere de la pericia del Estado que pide y las ganas del que tiene que responder». El fiscal fue claro al remarcar que «la principal fuente de información hasta el momento no suministró ningún dato relevante».

El funcionario que tiene la obligación de llevar adelante los exhortos diplomáticos para pedir información a Brasil, Panamá y Bahamas, es Juan Gasparini, Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, en el ámbito de la Dirección General de Consejería Legal, dependiente de la Cancillería, que gestiona Malcorra. A Gasparini le vienen renovando el contrato en su trabajo cada seis meses. Su designación lleva la firma del jefe de Gabinete Marcos Peña. Ya en noviembre, Delgado había pedido su citación para que dé explicaciones.

En su dictamen del 1 de febrero, Delgado pone en valor el trabajo de aquella vieja comisión investigadora de fuga de divisas. «Está claro que para que todos estos movimientos puedan tener lugar es necesario que el dinero provenga de alguna parte. A pesar de que aún no fue posible establecer fehacientemente el origen de los más de 9 millones de pesos dólares utilizados en Fleg Tradigng en el año 1998 para ingresar en Brasil, sí se logró establecer que se utilizaron varias empresas del grupo para girar dinero a exterior. Sin ir más lejos, el informe final de fuga de divisas en la Argentina confeccionado por la Comisión Especial de la cámara de Diputados de 2001 establece que, sólo en el año 2001, las sociedades del grupo Macri giraron al exterior un total de 53.681.210 dólares a través de 64 operaciones», describió Delgado.

El diputado del Frente para la Victoria, Darío Martínez, uno de los que más material aportó a la causa que investiga Delgado, coincidió con el fiscal «Es clave que nos permitan desarchivar el trabajo de esa comisión, porque más allá de los nombres que tenemos de las sociedades, lo que está registrado ahí son las transferencias bancarias, que es lo que hasta ahora la causa no contiene. No lo tengo yo, ni el fiscal».

«En esta causa de las guaridas fiscales -agregó el diputado- Cancillería no está haciendo su trabajo. Quien está haciendo la gestión de pedir información a otros países a través de los exhortos diplomáticos es Cancillería, que tiene la función de cartero en el escándalo del Correo y no está haciendo lo que debe hacer», ironizó Martínez. «