Aunque los ministros de Salud, Fernán Quirós, y Educación, Soledad Acuña, dijeron que responderán el pedido de información del juez Roberto Gallardo ante la vuelta de la escolaridad presencial, el Gobierno de la Ciudad ya presentó el pedido de recusación del magistrado. En los fundamentos, apuntaron a su “manifiesta falta de imparcialidad” y advirtieron que “de acuerdo a transcendidos periodísticos” el juez “ya tendría decidido suspender el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires”.

Tras la recusación, la causa cambiará de juez hasta que se resuelva si se confirma o aparta a Gallardo del caso. El juez porteño envió ya la causa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de CABA para que se proceda a sortear nuevo magistrado mientras se sustancia la recusación en su contra. En caso de quedar confirmado, el expediente le será devuelto.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

También podés leer: Mientras Larreta apunta a la recusación de Gallardo, Quirós dijo que responderá a la citación

En un largo escrito de 39 páginas, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta incluye links a notas de La Nación, TN, Infobae y el portal de Marcelo Bonelli para luego señalar que “se advierte que las publicaciones periodísticas de fecha 2 de febrero de 2021 advierten la manifiesta intención del magistrado de suspender el comienzo de las clases presenciales en nuestra Ciudad, lo que demuestra que no es ecuánime y carece de la necesaria imparcialidad que se debe esperar de un Juez. Es decir, el Juez está prejuzgando”.

Roque Matías Di Biase, abogado apoderado de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó este miércoles el pedido de recusación. Además de apelar a “trascendidos periodísticos”, plantea que “es fácil advertir que el Juzgado, en virtud de la clara enemistad que demuestra mediante la resolución en traslado, ha comenzado su actuación en un claro perjuicio a la Administración, lo que no sorprende por tratarse de una actitud habitual del Juzgador a la hora de resolver en procesos que hacen a las políticas educativas de la Ciudad”.

Luego, en la presentación se dedican a repasar los fallos de Gallardo y señalar que “es ampliamente conocido el manifiesto malestar que al magistrado le provocan las acciones de gobierno desplegadas por mi poderdante en el marco de competencias que constitucionalmente le son propias, en especial, en materia de educación”. Incluso, lo acusan de “utilizar un proceso judicial para convertirse en el ejecutor de una política pública”.

En el escrito los representantes legales del Gobierno de la Ciudad también cuestionan que “el Juez resuelve intimar a brindar información sin posibilitar el derecho de defensa de esta parte y sin considerar las reales circunstancias a la hora de resolver un requerimiento sobre la prestación del servicio educativo”. Llamativamente, tanto el ministro de Salud como la de Educación dijeron que están dispuestos a brindar tal información, pese al pedido de recusación en duros términos que su propio gobierno impulsa.