La diputada porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro busca renovar su banca en la Legislatura de la Ciudad. Acompaña al exdefensor del Pueblo Alejandro Amor en la lista de precandidatos para las próximas elecciones. Es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Y no es por azar. Su recorrido la llevó a ese lugar. En 1984,  las Abuelas de Plaza de Mayo la encontraron, pero por mucho tiempo se resistió a aceptar su identidad. Su apropiador, el coronel Herman Antonio Tetzlaff, era el jefe del grupo de tareas del Centro Clandestino de Detención El Vesubio, jefe de inteligencia y encargado del área de comunicaciones en Campo de Mayo. Sentía lealtad hacia ese hombre que secuestró a su madre, Hilda Torres, y a su padre, Roque Montenegro.

En el año 2000, la actual diputada porteña restituyó su identidad y un año después conoció a su familia. Hoy milita en contra de la violencia institucional desde su banca como legisladora.

-¿Cuáles son los temas que más le parece central destacar en esta campaña?

-Lo más urgente es una política por parte del gobierno de la Ciudad que ayude a reactivar la economía. Lo único que tuvimos en ese sentido fue la presencia del Estado Nacional, pero tiene que haber una política activa del gobierno porteño que nos permita reactivar la economía y el trabajo. Es indispensable tratar la situación de las personas en situación de calle. Hay ausencia de políticas sociales efectivas y de trabajo para superar esas condiciones. La pandemia recrudeció este tipo de situaciones. Otra cuestión urgente tiene que ver con recuperar el presupuesto que perdieron la educación y la salud durante los últimos años.

-¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia por parte del gobierno porteño?

-Tenemos el acompañamiento del gobierno nacional para tener los insumos que necesitamos. Soy miembro de la Comisión de Salud y antes de la pandemia había una decisión de Horacio Rodríguez Larreta de cerrar cinco hospitales y hacer uno solo. Parte de los hospitales que quería unificar el gobierno de la Ciudad son los que hoy nos permitieron afrontar la situación de la pandemia en el momento más crítico. Eso es para entender dónde estamos parados. Lamentablemente no hubo política activa para ayudar a la pequeña y mediana empresa, ni que hablar del sector de la cultura. También hay una decisión en cuanto a la presencialidad que puso en riesgo a los trabajadores y a los chicos que deja en evidencia muchos años de ausencia de política de Estado, sobre todo en materia de infraestructura. La pandemia nos permitió construir la radiografía real de la situación en materia de salud con la falta de aparatología. En educación estamos con el presupuesto más bajo de los últimos años.

-Hoy comienza de manera escalonada la presencialidad escolar pre pandémica. ¿Qué opina?

-En un momento Rodríguez Larreta decidió priorizar esta cuestión interna y endurecer su posicionamiento con el gobierno nacional y comenzar antes las clases. Y además ir a la Corte Suprema en el momento más dramático de la curva de contagios. Ahora suma esta decisión de que el aula es una burbuja completa. Lo que sucede con la Ciudad es que lamentablemente los casos se replican en la provincia y en otros lugares. En las recorridas que hacemos por las escuelas no están dadas las condiciones.

-Un tema central en la Legislatura es lo que está pasando  con la privatización de las tierras públicas…

-El negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires para Macri, Larreta y toda la alianza de Juntos por el Cambio, constituye las bases de su proyecto político. No hay forma de discutir con respecto al uso del espacio público. Lo que hizo el PRO con la mayoría especial fue subastar gran parte de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos dando una discusión para recuperar Costa Salguero y que sea un espacio público, pero ellos tienen una decisión muy fuerte con respecto al negocio inmobiliario. Es una discusión que ni siquiera habilitan por la mayoría que tienen en la Legislatura. Lo que discutimos tiene que ver con qué ciudad queremos construir. Tenemos una ciudad cada vez más selectiva y expulsiva. En la discusión del Código Urbanístico se habilitan los departamentos de 20 metros cuadrados, algo que le impide a una persona con discapacidad vivir en un lugar así. ¿Qué ciudad estamos proyectando? ¿Qué le dejamos a las generaciones que vienen? Ellos no habilitan ese debate y, lo que es peor, al haber perdido la mayoría especial modifican las leyes a su conveniencia para seguir privilegiando a los sectores inmobiliarios.

-Es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y se dedica a los temas vinculados con la violencia institucional. Hoy hubo un encuentro en la Legislatura por la violencia policial que sufren las trabajadoras sexuales. ¿Qué situaciones atraviesan?

-Presentamos un proyecto de ley junto con la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y con el acompañamiento del Cels y de Amnistía Internacional. Tiene que ver con el artículo 96 (ex 86) del Código Contravencional que habilita a las fuerzas de seguridad a ejercer violencia permanentemente sobre las trabajadoras sexuales, travestis y trans. Tenemos que terminar con este código que sólo habilita la violencia institucional y la corrupción por parte de la fuerza. Esto es sistemático, pasa todo el tiempo. En el contexto de pandemia esta problemática se agudizó. En el barrio de Constitución, una de las principales zonas de trabajo sexual callejero de la Ciudad, las contravenciones hacia trabajadoras sexuales casi se triplicaron. Según datos del Ministerio Público Fiscal de CABA, en el 2019, hubo 175 contravenciones por supuesta infracción al artículo 96 y en el 2020 hubo 458.