A punto de pasar medio siglo de la Masacre de Trelew, también se cumplieron 46 años del asesinato de 30 personas, en su mayoría referentes sindicales, que habían estado cautivas en Coordinación Federal en la denominada Masacre de Fátima. Ambos hechos ocurrieron en el mes de agosto con cuatro años de diferencia y eso no fue casualidad: cables desclasificados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalan que este brutal crimen durante la última dictadura fue una advertencia de las fuerzas represivas para disuadir sobre posibles ataques de las organizaciones armadas en el cuarto aniversario de los fusilamientos de 16 militantes en la Base Almirante Zar de Trelew.

Los documentos fueron analizados como parte del proyecto Desclasificados, que llevan adelante el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta y que serán presentados este martes 23 en el Encuentro Red Federal de Archivos de la Memoria, Regional Patagonia.

En estos documentos se puede ver la importancia que las fuerzas represivas le daban a cada aniversario de los fusilamientos, atentos a posibles acciones armadas del ERP y Montoneros en represalia por los asesinatos de 1972.

En agosto de 1976, la inteligencia del Ejército había obtenido información sobre la posible planificación de atentados en esos días «en numerosos documentos de la organización terrorista ERP capturados por el Servicio de Inteligencia del Ejército», señala un cable del FBI. Hacía apenas unos días que el Ejército había asesinado a Mario Roberto Santucho y secuestrado a Domingo Menna, principales referentes de la conducción del PRT-ERP. La fuente era el coronel Alberto Valín, entonces jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.

En la madrugada del 20 de agosto, una violenta explosión retumbó en la zona de Fátima, partido de Pilar. 30 personas que se encontraban secuestradas en el centro clandestino Coordinación Federal, que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal, habían sido llevadas hasta el kilómetro 62 de la ruta 8. Estaban atadas y vendadas. Allí fueron asesinadas y luego dinamitadas.

En la prensa circuló la versión de que se trató de una venganza policial por el asesinato del general retirado Omar Actis, a cargo del comité organizador del Mundial ’78, que la dictadura había atribuido a Montoneros. Fuentes policiales citadas por un cable de la CIA señalan que, además, el crimen era una advertencia para frenar posibles ataques durante el 22 de agosto. «La policía consideró que la muestra pública de los 30 cuerpos en respuesta a la muerte de Actis causaría que el ERP y Montoneros reevaluaran la conveniencia de realizar nuevos ataques en el futuro cercano», señala el mensaje enviado por la Agencia Central de Inteligencia.

Públicamente, la dictadura acusó del crimen «a la demencia de grupos irracionales» que «pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior».

En privado, el entonces jefe de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, reconocía la autoría de la Masacre y manifestaba su enojo por la mala imagen que generaba, según el cable de fecha 25 de agosto de 1976. «A Videla le enojó que los cuerpos fueron exhibidos de manera tan prominente y ordenó que no vuelva a ocurrir», replica la CIA y, para que quedara más claro, añade: «Videla está de acuerdo con que los subversivos sean asesinados, pero todo el asunto debería hacerse de manera discreta».

En 2008, 32 años después, la Masacre de Fátima llegó a juicio y fueron condenados a prisión perpetua el director de Inteligencia de Coordinación Federal, Juan Carlos Lapuyole, y el comisario Carlos Enrique Gallone. «