Las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen sobre los proyectos de inclusión laboral para la población trans y travesti, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública dentro de ese colectivo.

El dictamen cosechó un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora planteó algunas disidencias parciales.

El texto consensuado establece que el Estado nacional “debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

“A los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”, dice otro de los artículos.

Al iniciar el debate, la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha (Frente de Todos), sostuvo que la iniciativa busca “la incorporación al ámbito laboral formal de muchas compañeras travestis para pensar en otros proyectos laborales y que implican dejar de lado la prostitución como actividad de supervivencia. Hay temas que no pueden esperar porque tenemos una deuda enorme, por eso es fundamental que podamos avanzar en este proyecto”, apuntó.

“Este proyecto es producto de un trabajo muy intenso, y es parte de una propuesta integral que estamos haciendo para el colectivo travesti trans, que incluye una dimensión vinculada al trabajo, a la salud, a la educación, al hábitat, a la posibilidad de contar con pensiones, y que retoma el concepto de las organizaciones que propone que reparar es reconocer. Este proyecto significa la incorporación al ámbito laboral formal del colectivo travesti trans y significa pensar en otras trayectorias laborales que implican otros proyectos vitales para este colectivo”, sostiene la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, la Diputada Mónica Macha.

En ese sentido, la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, recordó que se trata de “una larga lucha de todo el colectivo trans”, al destacar la importancia de que la iniciativa “se convierta en ley y en derecho” para “conseguir la efectiva incorporación laboral de las personas trans y travestis” al trabajo.

“Es fundamental en esto la participación de las organizaciones sindicales”, afirmó Siley, al señalar que “el rol del Estado es equilibrar las desigualdades sociales”.

También, la diputada del PRO Silvia Lospennato, vicepresidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, puso de relieve la importancia del decreto del presidente Alberto Fernández de cupo laboral en la administración pública y sostuvo que “es importante dar el debate para avanzar y llegar cuanto antes con la ley”.

Por su parte, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, expresó, «vivimos la emoción de la lucha compartida que lleva muchos años de adversidad y de espera y hoy estamos dando un paso clave. Acceder al trabajo es el primer paso para tener dignidad, para acceder a las cosas básicas a las que las, los y les ciudadanos de este país tenemos derecho. Estamos haciendo flamear una bandera de justicia social para esos colectivos que tanto lucharon y que aún están esperando. Estamos diciéndole a nuestra sociedad que todas, todos y todes, podemos y queremos existir en plenitud y en igualdad».

El dictamen fue confeccionado a partir de los 16 proyectos presentados y con estado parlamentario, recogiendo ejes del dictamen del año 2018, teniendo en cuenta las propuestas de 150 organizaciones y tomando las reflexiones y observaciones que fueron puestas en común durante las reuniones informativas realizadas este año. 

Además el dictamen recoge el antecedente del Decreto 721/2020 de cupo laboral en la administración pública del presidente Alberto Fernández, las leyes de cupo e inclusión laboral aprobadas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Además el texto consensuado cuenta con la lectura y la revisión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, del Ministerio de Trabajo, de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación.

Los puntos centrales del dictamen son: 

-Se establece un cupo de 1 % en los tres poderes del Estado nacional y en las empresas estatales. El texto señala que el Estado nacional «debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes».

-Se establecen incentivos fiscales para el sector privado que contrate personas del colectivo travesti trans. El texto señala: “Las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales.

-Se promueve el acceso al crédito con tasas preferenciales para las personas del colectivo. El texto indica: “El Banco de la Nación de la República Argentina debe promover líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.

-Acciones de concientización. El texto señala que los organismos del Estado nacional “deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo”