Los diputados del Frente de Todos dieron el martes el primer paso para someter a juicio político al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, por mal desempeño en sus funciones. El trámite no es sencillo. Se necesitan los dos tercios de los votos para que se conforme una comisión que luego recolecte pruebas y gire al Senado las actuaciones. El oficialismo sondea en la grieta abierta en el bloque de Juntos por la ley de reelecciones y busca tener de socios a los radicales.
El proyecto que promueve el juicio político de Conte Grand lleva las firmas del presidente del bloque oficialista, César Valicenti, la vice Susana González y el vicepresidente del cuerpo, Rubén Eslaiman, y es avalada por los 43 miembros del bloque. En el texto se enumeran los argumentos que sostienen la acusación y que van desde la «pertenencia partidaria» del procurador -que antes fue secretario Legal y Técnico del gobierno de María Eugenia Vidal- hasta la «persecución judicial», montada en una unidad fiscal de Lomas de Zamora. Eso está bajo investigación y se sumó el último video aportado por la AFI en el que se habla de impulsar causas contra gremialistas. Los legisladores aseguran que pueden imputársele delitos de «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario pública y asociación ilícita».
El pedido de juicio político se enmarca en el inciso 2 del artículo 73 de la Constitución provincial que establece que «es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo». En tanto, la ley 4334 de juicio político establece cómo es el mecanismo para acusar y remover al procurador.
En principio, el pedido debe ser aprobado por la Cámara de Diputados con mayoría especial, es decir, con los dos tercios de los votos de los presentes. La sesión extraordinaria aún no tiene fecha pero podría ser convocada para el próximo 20 de enero.
Si el oficialismo lograra reunir los votos, entonces se conformará una comisión integrada por 5 miembros que será la encargada de recolectar pruebas, pedir información y citar a declarar a funcionarios y dirigentes. En esa lista están los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y Enrique Ferrari; los dirigentes camioneros Pablo y Hugo Moyano; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el senador Juan Pablo Allan; y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.
Cuando la comisión termine su trabajo formalizará la acusación ante el Senado, que es la que define si hay mérito para el juicio político y si aparta a Conte Grand de manera preventiva. También en este caso se requieren los dos tercios de los votos, un número que no es posible para el oficialismo sin acuerdo con la oposición.
El Frente de Todos tiene hoy en la cámara baja 43 diputados y un aliado del monobloque «17 de noviembre». Aún si sumara a los tres diputados de Avanza Libertad y los 2 de la Izquierda, llegaría a 49, lejos de los 62 que se requiere para la mayoría especial. En el Senado está empatado con Juntos en 23 legisladores cada uno, por lo que también requiere de acuerdos.
¿Dónde intentará buscar los votos? Los legisladores que anunciaron el pedido de juicio político lo adelantaron: entre los radicales y los legisladores de la Coalición Cívica que forman parte del bloque Juntos por el Cambio. «No nos vamos a quedar solo con los 43 diputados del FdT. Vamos a buscar consensos con los otros bloques políticos, fundamentalmente con el bloque de Juntos, donde se encuentran radicales, Coalición Cívica y representantes del PRO, quienes también fueron espiados», aclaró el diputado Eslaiman.
La estrategia del oficialismo es explotar las diferencias internas que afloraron en el bloque opositor durante el tratamiento de la ley que habilitó a los intendentes a ser reelectos por un período más. Esa votación dejó de un lado a los legisladores referenciados con María Eugenia Vidal, y a radicales y diputados alineados con intendentes del PRO, del otro. No está claro, sin embargo, y pese a las heridas que dejó la última sesión, cuántos podrían apoyar finalmente al peronismo y soltarle la mano a Conte Grand.
Hasta ahora sólo explicitaron que no apoyarán el pedido del FdT los dos diputados Walter Carusso y Martín Domínguez Yelpo, del bloque Cambio Federal, que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y que es aliada de Juntos por el Cambio. «La denuncia no tiene consistencia jurídica. No se puede empezar una caza de brujas contra el procurador porque haya sido nombrado en un video», señalaron en un comunicado. Y agregaron que «es una denuncia para la tribuna. Atacan a un procurador al que hace dos años le están pidiendo la renuncia para sacarlo de su lugar».
