El equipo binacional de fiscales argentinos y brasileños para investigar el caso Odebrecht, que tuvo su primera reunión en Brasilia esta semana, volverá a reunirse dentro de 15 días en Buenos Aires cuando el procurador General Rodrigo Janot visite el país los días 14, 15 y 16 de este mes, según confió a Tiempo Argentino una fuente judicial. De la reciente visita que encabezó el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), junto con sus pares Carlos Stornelli y Franco Picardi, quedaron interrogantes por resolver, como la imposibilidad de la doble imputación. «No se puede condenar dos veces a alguien por los mismos delitos, pero acá pueden haber nuevos delitos, nuevos casos. Ha quedado claro, y lo sabíamos, que ellos no quieren sancion para los delatores, pero por fuera de eso existe un amplio margen de acción, porque ahora vamos a comenzar a trabajar en que separen la información que pedimos. Hay algunas que pueden incriminar a los delatores, pero hay otras que se pueden compartir, como es el caso de Leonardo Meireles», explicó uno de los funcionarios que viajó a Brasilia esta semana. 

Según su propia denuncia, el cambista brasileño le entregó 850 mil dólares en concepto de coimas al actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero el funcionario acusado lo denunció ante los tribunales argentinos por mentir. Esa encrucijada podría contar con nuevos capítulos si la información que brindó como arrepentido es entregada a los fiscales argentinos. Los tiempos de remisión de la documentación podrían extenderse, pero también es posible que el primer detalle de la información sea aportada durante la visita de Janot, cuya llegada a Buenos Aires volverá a poner al caso Odebrecht en el centro de la agenda argentina. 

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«Queda definir un reglamento de trabajo, la separación de la información y organizar la agenda de viajes, pero ha quedado claro que, a pesar de las demoras para tramitar los exhortos, el equipo binacional de fiscales ya está en funcionamiento», aclaró el funcionario judicial, para rebatir los argumentos del Gobierno sobre la lentitud del ministerio público para avanzar en la investigación de los casos vinculados.  El mensaje  apunta a reactivar el contrapunto que mantiene la Casa Rosada con la Procuración, especialmente por las negociaciones privadas del ministro de Justicia Germán Garavano y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso con los abogados de Odebrecht en Argentina. «Ahora que ya esta en funcionamiento la articulación entre los fiscales, es cada vez más ilegal, inconstitucional e incorrecto que el Gobierno siga manteniendo reuniones secretas con la empresa», apuntó otro fiscal que, bajo reserva de su identidad, anticipó a Tiempo que «hay en estudio varias denuncias contra los funcionarios involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras tipificaciones del código penal, porque están obstruyendo la acción de la Justicia y pueden estar encubriendo a los posibles imputados de la información que quieren obtener». 

Fuentes de la Procuración General de la Nación negaron que estén preparando una actuación de oficio o una denuncia contra los funcionarios mandatados por el Presidente para negociar en forma privada con Odebrecht, pero también confirmaron el malestar y la intriga que tienen distintos fiscales por el alcance del intercambio que mantienen, en forma paralela al trabajo de jueces y fiscales. El tema también fue abordado en la reunión que mantuvieron en Brasilia el Vice-Fiscal General y el secretario de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal brasileño José Bonifacio y Vladimir Aras junto a los fiscales Rodríguez, Stornelli y Picardi y por eso recalcaron en el comunicado del primer encuentro «la importancia de que los Ministerios Públicos puedan actuar de manera independiente y autónoma, especialmente en investigaciones  de este tipo», en un directo mensaje al Ejecutivo argentino por una posible obstrucción de la Justicia. 

Ante las consultas de este diario, en la Casa Rosada negaron cualquier tipo de obstrucción. «El Presidente quiere saber todo, y esta seguro que el 90 por ciento tiene que ver con el Gobierno anterior», apuntó un vocero ministerial, que no descartó la posibilidad que las revelaciones también puedan salpicar a la administración de Cambiemos. «