La ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani dijo que se enteró de las tareas de espías en el Instituto Patria y el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner “por la televisión”; consideró que fueron tareas legales avaladas por un juez en el marco de prevención de ataques terroristas, responsabilizó por esas decisiones a subalternos y atacó a la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Lo hizo al apelar el procesamiento dictado por el juez Juan Pablo Augé contra ella y contra el ex titular de la AFI Gustavo Arribas. La semana pasada la Cámara Federal porteña entendió que la investigación debe estar a cargo de una jueza de Comodoro Py, María Eugenia Capuchetti, quien tiene registradas cinco visitas a la central de inteligencia para visitar a Majdalani contemporáneamente a que se decidiera su designación como magistrada.

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Los abogados Juan Pablo Vigliero y Adriana Ayuso explicaron que Majdalani fue ajena a las decisiones de realizar tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria y el domicilio de la actual vicepresidenta.

“La responsabilidad propia derivada de la posición de garante de la Subdirectora General, a través de un adecuado sistema de delegaciones propio de organizaciones colectivas y verticales, se traslada a sus subordinados”, descargó la defensa.

“No podía pretenderse que la Subdirectora General de la Agencia estuviese en conocimiento personal y directo de cada detalle, de cada documento, de cada actuación de cada agente de cada una de las áreas dentro de la estructura orgánica de la AFI”.

“Cada Dirección, Operacional o Administrativa, -añadió la ex funcionaria- contaba con la autonomía funcional propia para la ejecución de sus tareas dentro del marco de sus competencias”.

Majdalani negó que hubiera recurrido al espía Alan Ruiz para realizar espionaje ilegal. Sus explicaciones buscaron “ir desterrando una pretendida afirmación que se presenta como neurálgica: que había una relación directa entre Subdirectora General de la AFI y un agente llamado Alan Ruiz, habiéndole dado órdenes directas a éste para llevar adelante espionaje ilegal sobre la señora Fernández de Kirchner”.

“Se afirma también que Ruíz ingresó a la AFI… a instancias de Silvia Majdalani.  Ello también es falso pero además temerario. ¿Dónde están las o siquiera la prueba que respalde este aserto? Las presunciones deben contar con antecedentes lógicos, y no meras suposiciones”.

Además, según el escrito de defensa, al que tuvo acceso Tiempo, “los hechos que se presentan como ilegales, en realidad fueron tareas de competencia de la AFI, realizadas bajo directivas y control judicial”.

El escrito apunta directamente a Martín Coste, un funcionario de carrera que estuvo al frente de la Dirección Operacional de Contrainteligencia.

El escrito contiene un apartado titulado “El extraño caso del señor Martín Coste”, que califica de “increíble que el titular de Contrainteligencia no estuviese al tanto de lo que sucedía en su área, no pudiese manejar al subordinado Ruiz, y afirmase haber sido obligado a realizar acciones contrarias a su voluntad”.

Incluso Majdalani puso en duda la autenticidad e integridad de grabaciones de audio en las que una voz atribuida a Ruiz describe una situación claramente incriminatoria en su contra.

“No queda clara cuál sería la fuente fidedigna del audio, según se escuche las versiones de los agentes Araque y Sáez, o se preste atención a su aporte por un programa televisivo, o a su tratamiento técnico… Distintas circunstancias ponen en duda si se ha respetado la cadena de custodia”.

El documento describe todas las supuestas amenazas terroristas en torno a los Juegos Olímpicos de la Juventud y las reuniones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Grupo de los 20 (G20), ninguna de las cuales se concretó, a punto tal que “el 20 de diciembre de 2018, la AFI hace saber al Magistrado (de Lomas de Zamora Federico Villena) que los eventos internacionales habían concluido sin novedades gracias a la labor de prevención que había ido autorizando el Juzgado”.

Majdalani finalmente cuestionó “la especial relación entre el Juzgado y la Fiscalía con la Comisión Bicameral que audita la actividad de Inteligencia”.

“El Juzgado se sirve como prueba de declaraciones tomadas en el seno de la Comisión. Pero aquellos actos, de naturaleza sui generis de acuerdo al propio Reglamento de la Comisión, no tienen control alguno de las partes y, a estar a las actas, se desarrollan bajo una total discrecionalidad por los señores Legisladores que intervienen”.

“La Comisión –agrega el escrito- pide, y Juzgado y Fiscalía acceden, el envío de copias de la causa judicial, que seguramente retroalimenta nuevas declaraciones en sede parlamentaria, siempre sin control de esta defensa, pero que terminan siendo utilizadas como prueba de cargo. Es una inusual situación que obstaculiza el derecho de defensa, y no mantiene el principio de igualdad de armas”.