¿Qué pasa con las víctimas cuando muere un imputado o cuando es apartado del juicio? Con la separación por problemas de salud del exmilitar Alberto Ramón Schollaert, quedaron tan solo cinco de las 37 víctimas por las que es juzgada la patota del Regimiento 6 de Mercedes. Schollaert era jefe del RIM 6 y el único que estaba imputado por todos los hechos.

Amparados en el derecho a la verdad de familiares y víctimas, días atrás la fiscalía y las querellas reclamaron al Tribunal Oral Federal 2 de CABA, el mismo que no deja trasmitir las audiencias, que permitiera la declaración de los y las testigos que iban a reconstruir esos hechos. Pero los jueces Javier Feliciano Ríos, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini rechazaron el pedido.

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Esta negativa provocó que el juicio continúe solo por cinco hechos por los que está acusado el resto de los imputados, como los excarapintadas Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello: el masivo operativo del 10 de julio de 1976 en la imprenta del PRT ERP que funcionaba en una casa de la localidad de San Andrés (partido de San Martín), en el que se investiga el secuestro y tormentos al dirigente Pablo Pavich, el secuestro de una persona sin identificar y el homicidio agravado de Jorge Emilio Arancibia; y el secuestro el 14 de junio de 1976 en Haedo de Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, quienes aún permanecen desaparecidos. Los hijos de Rocío, los periodistas Bárbara García y su hermano Camilo estaban presentes con apenas 8 y 4 años y son querellantes en el juicio.

Este iba a ser el primer juicio para Schollaert como imputado por crímenes de lesa humanidad y la primera vez también que estas víctimas y testigos iban a declarar en un debate oral. El Tribunal ya dio por finalizada la etapa de prueba y el juicio entró en alegatos, por lo que las partes acusadoras insistirán con este pedido para que por lo menos estos hechos integren la sentencia.

“Todos tenemos derecho a la verdad”

Con esa frase, a través de un video difundido por el medio comunitario La Retaguardia, 20 familiares y sobrevivientes pidieron al TOF 2 poder declarar en el debate. “Aunque no podamos penar a los culpables, queremos declarar, tenemos derecho a conocer la verdad y queremos acceder a la reparación que significa que nuestras voces y familias sean parte de estos juicios históricos”, señalaron.

La Ley de Víctimas (27.372) reconoce ese derecho en su artículo tercero, en el que garantiza el acceso a protección, a la verdad, a la justicia, a reparación y celeridad. En eso se basaron la fiscal Ángeles Ramos, la querella de Pablo Llonto, el Cels y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) para reclamar semanas atrás que se debía escuchar los testimonios de esas víctimas, aunque los jueces decidieron no hacer lugar.

“Lo que queremos plantear es que, no porque se vacíe de contenido punitivo el proceso penal significa que se tiene que terminar automáticamente. Porque el proceso penal permite y debe brindar mucho más que una respuesta desde el punto de vista puramente punitivo”, señaló durante el debate Federico Efrón, quien representa a la querella de la SDHN.

La fiscal Ramos apuntó al efecto que tiene este tipo de decisiones en las personas que están esperando justicia. «Yo no puedo ir ahora a decirle a un familiar de una de las víctimas ‘Lo siento mucho, Schollaert quedó apartado, su caso ya no va a tener una respuesta del sistema judicial’. Eso no se puede permitir. Y las víctimas tienen derecho, justamente judicialmente, que se les dé una respuesta», aseguró.

«La Justicia tiene que darles a las víctimas, al menos, el derecho a ser escuchadas», reclamó Llonto y señaló que esta negativa del Tribunal «equivale a diez, 12 o 14 años de espera, a la posibilidad –posibilidad, no certeza– de que tengan que volver a pelear en instrucción para llegar 12, 13 o 14 años después a un juicio oral, como estamos viendo que ocurre».

Antecedentes

Con causas demoradas durante años y el lento avance del Poder Judicial, la muerte de imputados antes y durante los juicios es algo cada vez más común.

La Secretaría de Derechos Humanos impulsa este tipo de pedidos en varias causas, como el juicio por los Vuelos de Campo de Mayo, tras el fallecimiento durante el juicio de Horacio Alberto Conditi, piloto y oficial del Batallón de Aviación de Ejército 601, y en el juicio ABO V que está por comenzar, para que se incluyan los casos por los que estaba imputado José Ahmed.

Lo mismo hace el Ministerio Público Fiscal, incluso en investigaciones que están en etapa de instrucción. En el juicio «Militantes del PRT» que arrancará este lunes en Santa Fe, por ejemplo, se incluirán seis casos de secuestros y tormentos por los que estaba acusado el jefe de la Comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra.

Varios juicios que llegaron a sentencia incluyeron también este derecho a la verdad de las víctimas. En los debates Plan Cóndor y Megacausa Rafaela, ambos de 2016, y en Diedrichs-Herrera, de Córdoba, en 2021, los tribunales dieron por probados los hechos que tenían imputados fallecidos y que de otra manera habrían quedado afuera del veredicto. «