A pocos meses de que se cumpla el vencimiento del mandato de Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema de la Nación, por lo bajo todas las fuerzas políticas en el Congreso le ponen paños fríos al proyecto para la designación de los presidentes de la Corte presentado por diputados de Juntos por el Cambio.  

La propuesta, que llamó la atención dentro del Congreso e incluso en el Máximo Tribunal, fue impulsada a principios de agosto en la Cámara de Diputados por Cristian Ritondo (titular del bloque del PRO) y el radical Emiliano Yacobitti. Inmediatamente comenzaron los rumores de un posible acuerdo en el Parlamento entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y Ritondo  para intervenir con una ley en la sucesión de Corte que luego habilitará el apoyo parlamentario a la ampliación del tribunal, intención del gobierno de Alberto Fernández.  

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Quien presida a los ministros de la Corte será clave para los dos espacios políticos. Nadie quiere quedar herido con la nueva reconfiguración. En la actualidad el cargo de presidente de y el vicepresidente de la Corte son elegidos por mayoría absoluta de votos de los ministros del tribunal. El mandato es de tres años en el ejercicio de sus funciones, según el artículo   79 del Reglamento para la Justicia Nacional.  

El proyecto opositor, que tiene giro a la comisión de Legislación General que preside la vicepresidenta del bloque del FDT, Cecilia Moreau, propone que el presidente de la Corte sea elegido no por el voto de sus pares sino por el nombramiento al juez más antiguo en el cargo. Por eso establece en su artículo primero la sustitución del “artículo 21 del decreto ley 1285/58”, reafirmando que la Corte está integrada por 5 miembros pero que su presidente “será designado en orden de precedencia por antigüedad en el cargo. Durará tres años en el ejercicio de sus funciones y será reemplazado sucesivamente en ese orden”. La iniciativa eliminaba el cargo de vicepresidente que hoy ocupa Elena Highton de Nolasco. Y postula a cualquier ministro en reemplazo de la presidencia ante una eventualidad según el reglamento interno. 

En los fundamentos, los diputados explicaron que los cambios permanentes han generado un escenario de inestabilidad que la propia Corte Suprema Argentina no puede resolver internamente. Y que tiene implicancias institucionales serias por lo que sostienen que es necesario que el Congreso haga uso de facultades propias para garantizar regularidad y estabilidad, mediante el establecimiento de un sistema electivo que trascienda cualquier cambio de criterio interno o regulación de tercer orden mediante una simple acordada. 

Con el Congreso paralizado por la campaña electoral, el texto no tiene chances de tratarse por el momento. Incluso representantes de ambos desmintieron que haya habido acuerdo para avanzar en el debate del proyecto. “No hay posibilidad de tratar nada, ni en comisiones ni sesiones hasta después de las PASO”, dijo, en reserva, una diputada del FDT que recordó que en la Comisión la intención es -una vez que se reúna el pleno- aprobar el proyecto es etiquetado frontal en el recinto, que luego de varios meses de estancamiento logró dictamen de comisión. 

En la oposición señalaron algo similar. Admitieron que tras el rechazo de la propia Corte es preferible tratarlo después de que elijan presidente del cuerpo judicial, cuya fecha está establecida para el primero de octubre. Además, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo no tener opinión ni “conocer” el proyecto presentado por los diputados nacionales aliados con su campaña en el AMBA.