El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de José Edgardo Córdoba, como una de las personas que fue arrojada al Pozo de Vargas, la mayor fosa clandestina que el terrorismo de Estado de Tucumán utilizó para arrojar a sus víctimas.

Los restos óseos de Córdoba fueron recuperados por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que realiza un trabajo permanente en el sitio desde 2002 y logró recuperar ya los restos de 148 personas, de las que restan identificar más de 30.

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La noticia fue informada días atrás por Josefina Molina, querellante en la Investigación Pozo de Vargas. Su padre, el ex senador provincial Dardo Molina, fue identificado en 2014 por el EAFF.

José Edgardo Córdoba era de Catamarca, pero vivía hacía años en San Miguel de Tucumán. Tenía 24 años y estudiaba abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Lo apodaban el Morocho.

El 17 de diciembre de 1975 fue secuestrado por una patota de civil en plena calle, cuando salía colegio privado José Estrada, donde trabajaba informalmente como preceptor. Por la mañana, unas personas ya habían estado preguntando por él en el colegio. Los operarios de una empresa que estaba en la esquina vieron cómo se lo llevaron en tres vehículos particulares.

Un mes antes, el 4 de noviembre de 1975, Córdoba había sido secuestrado por primera vez. Una patota de civil, con capuchas y armas cortas y largas, irrumpió en la madrugada en la casa donde vivía con su hermano, Marco Aurelio Ramón, y otras personas, y se lo llevaron vendado. Fue liberado al día siguiente por gestiones de su hermano ante autoridades militares y apareció en la casa familiar muy golpeado.

Su caso fue investigado durante el juicio oral por el Operativo Independencia por el que en 2017 resultó condenado a perpetua Roberto Albornoz, quien fue jefe de la Zona Capital de la Policía tucumana, y otros oficiales de la policía provincial y el Ejército.

El Pozo

El Pozo se ubica a unos pocos kilómetros del centro de San Miguel y toma el nombre de la familia Vargas, propietaria del terreno. En 2015 fue señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como Sitio de Memoria. Se trata de un pozo realizado alrededor de 1870 o 1880 de tres metros de diámetro y unos 40 metros de profundidad que se utilizaba para abastecer de agua a las máquinas de los trenes a vapor.

José Edgardo es la víctima 114 en ser identificada en el Pozo de Vargas, en su mayoría estuvieron previamente cautivas en “La Escuelita de Famaillá”, Jefatura de Policía de Tucumán y el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

El CAMIT retomó hace unos pocos meses los trabajos para excavar los últimos 5 metros y así completar toda su profundidad tras permanecer prácticamente parado entre 2015 y 2020 por falta de financiamiento.

Estos últimos metros representan una mayor dificultad ya que hay que reemplazar las bombas para desagotar el agua que se acumula a más de 35 metros de profundidad. En mayo, el gobierno nacional y provincial garantizaron el presupuesto para retomar las excavaciones.