El gobierno de Axel Kicillof definió este martes otorgar por decreto una suba del 25% a los trabajadores de la administración pública bonaerense, que se cobrará en los primeros días de febrero. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía, luego de una reunión paritaria y negociaciones informales en las que no hubo acuerdo. Los estatales y docentes calificaron la suba de «insuficiente» y apuestan a la reapertura de la discusión en febrero.

El incremento salarial dispuesto por el Ejecutivo es del 25% sobre el salario básico. Según detalló Hacienda, 15% de la suba corresponde a diciembre de 2023, con lo que se da por cerrada la negociación del año pasado. En tanto que el 10% restante es otorgado ya por enero, a modo de anticipo de la paritaria 2024. Los sindicatos buscaban que ese porcentaje fuera sólo por diciembre a modo de compensar la devaluación que dispuso la Nación. Hasta noviembre, los salarios en el Estado bonaerense subieron en promedio 120%.

En el comunicado, la cartera de Economía aseguró que el gobierno «es consciente de la pérdida de poder adquisitivo que ocasionó en los salarios la aceleración inflacionaria desatada luego de la devaluación del tipo de cambio realizada por el Gobierno Nacional» y explicó que la decisión de otorgar esta suba implica «un enorme esfuerzo» para la Provincia debido al «contexto de dificultades financieras e incertidumbre respecto de la continuidad y evolución de los recursos provenientes del Estado Nacional».

«Luego de las reuniones paritarias llevadas a cabo, y de intensas conversaciones informales con las y los representantes gremiales durante las últimas jornadas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires definió otorgar un incremento salarial para las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial de 25% respecto de los haberes percibidos en diciembre de 2023, de los cuales 15 puntos corresponden al cierre de la paritaria 2023», explicaron.

También aclararon que, como ocurrió en los primeros cuatro años de gobierno, la Provincia «continúa comprometida» con las negociaciones paritarias, y convocará a los gremios nuevamente en el mes de febrero, «con el objetivo de continuar la discusión paritaria del año en curso».

La discusión salarial con los estatales, docentes, médicos y judiciales bonaerenses se reanudó el martes pasado. Allí, los gremios plantearon la necesidad de una recomposición por diciembre para cerrar el año. El Ejecutivo los escuchó, pero no ofreció ninguna propuesta y pidió esperar a conocer la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Ese guarismo se conoció finalmente el jueves y fue del 25,5%. Desde entonces se acelaron las conversaciones informales que siguieron en los últimos días, pero sin acuerdo ante la falta de recursos de la administración de Kicillof.

En este marco, la posibilidad de cerrar la paritaria 2023 por decreto estaba al caer ya que el Ejecutivo quería llegar a tiempo para liquidar la suba con los salarios de enero. Con la decisión ya anunciada este martes, tanto los maestros del Frente de Unidad Docente como los estatales de ATE, UPCN y FEGEPPBA rechazaron la suma por considerarla «insuficiente».

Desde ATE Provincia aclararon que la propuesta no alcanza. «Si bien entendemos el contexto político y económico que atraviesa la provincia a raíz de la quita de partidas discrecionales que recibía del Estado Nacional no podemos aceptar un aumento que esté por debajo de los índices inflacionarios. Hay que destacar que este aumento corresponde a diciembre 2023 y al cierre de la paritaria de dicho año», aseguraron desde el gremio.

Agregaron también que en los próximos días volverán a exigir sentarse a discutir en febrero para retomar la negociación salarial y también otros pedidos del sector como «los pases a planta permanente, la construcción de un convenio colectivo de trabajo, la discusión de la reducción de la jornada laboral sin pérdida de poder adquisitivo, como así también la continuidad de todas las mesas técnicas comprometidas».

El secretario gremial de UPCN Provincia, Juan Pablo Martín Oyarzábal, señaló que si bien el incremento otorgado coincide con la inflación de diciembre «debió haber sido un aumento salarial mayor que permitiera que el año 2023 terminara sin pérdida salarial». El dirigente aclaró también que la única medida de fuerza prevista por el momento es el paro general del próximo 24 de enero «contra el rumbo de ajuste brutal que ha iniciado el gobierno nacional, que repercute en todas las provincias y municipios porque si bien la crisis económica y la inflación vienen de arrastre del gobierno anterior, nunca hemos visto un ajuste brutal como este ni un desprecio por el trabajador del Estado».

Desde FEGEPPBA, en tanto, también consideraron el aumento otorgado como «insuficiente» y pidieron al Ejecutivo que, en el actual contexto inflacionario, llame a negociar mes a mes para poder compensar «lo más rápido posible los desfasajes salariales». También reclamaron que los incrementos que se acuerden «tomen como base de cálculo el último salario acordado en la mesa paritaria».