En este momento se llevan adelante dos investigaciones por el acuerdo stand by que firmó el gobierno de Cambiemos en 2018 con el Fondo Monetario. Una la hace una oficina interna del Fondo y la otra está en manos de una auditora independiente que reporta al Directorio del FMI. Notablemente, en la Argentina no está en marcha ninguna investigación sobre el tema. La última, y única que se hizo, fue la del Banco Central que determinó que desde mayo de 2018, la fuga de capitales sumó U$S 45.100 millones, una cifra que calza justo con los U$S 44.000 millones que recibió la administración de Cambiemos de manos del FMI. Se suponía que esa investigación iba a dar lugar a presentaciones judiciales, pero nada de eso sucedió. De hecho, esta semana, el presidente Alberto Fernández reiteró en México esa idea: “Cuando era candidato a presidente y me visitó la delegación del Fondo, le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno; lo he visto y le vamos a contar a los fiscales, a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos”.

Parece que las autoridades aún no lo contaron a la justicia pero, mientras tanto, la Argentina negocia con el FMI como pagar esa deuda que, si el presidente tiene razón, viene muy floja de papeles en cuanto a legalidad. De legitimidad, ni hablar, nunca la tuvo.

Las negociaciones con el Fondo aparecen estancadas. Desde hace tres meses se repiten los mismos comentarios sobre “diálogos constructivos” y “encuentros activos” entre “técnicos” que no definen los avances. Los portavoces del Fondo dicen que esperan que la Argentina termine de definir su plan económico para allí ver si el FMI lo respalda, y los funcionarios argentinos aseguran que buscan un plan que “le convenga a la Argentina”, aunque no terminan de definir esas condiciones.

La experiencia con el FMI repite lo que ya se vivió con los acreedores privados. El ingreso de capitales especulativos durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo su contrapartida en la facilidad que impulsó el Poder Ejecutivo para que se pudieran ir del país sin problemas. Al mismo tiempo, el gobierno macrista realizó un festival de emisiones de bonos en dólares para alimentar en forma ficticia las reservas del Banco Central y sostener el gasto corriente del Estado. La experiencia duró apenas dos años, entre 2016 y 2017. Cuando los mercados le soltaron la mano al gobierno, el esquema se derrumbó: los capitales golondrina se retiraron, se vaciaron las reservas del Central y en la Argentina solo quedaron las deudas en moneda dura, la devaluación del peso y la inflación.

Esa experiencia nefasta no dejó huella, sin embargo. La Argentina comenzará a pagar esos platos rotos en un par de años.