En los últimos días hubo una discusión pública por los fondos destinados a Educación para el año que viene. Pero hay otra área menos menos difundida, de gran trascendencia, que tendrá un ajuste. Las partidas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, aprobadas durante esta semana dentro del presupuesto 2023, tendrán un recorte del 2,4% en relación al presupuesto 2022. Iba a ser del 10%, sin embargo en el debate legislativo le agregaron partidas. Aún así, no alcanzaron para evitar el ajuste.

Los días previos, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió un informe sobre la inversión en los derechos de las infancias, y un análisis del proyecto de ley de presupuesto en la materia. Allí expresaba que “los fondos destinados a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Proyecto de Presupuesto 2023 alcanzan un total de $2.841.901.515.401. Ello implica que, en valores reales, las partidas que se proyectan para el año próximo son un 10% menores a las disponibles en 2022 y un 26,8% a lo efectivamente gastado en el año 2020”. En esa línea, afirmaba que  la contrastación de los datos presupuestarios con los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 permitían concluir que “el proyecto incumple con la obligación de no disminuir la inversión en los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

De igual manera, Aldeas Infantiles SOS Argentina difundía un comunicado donde expresaba que “en el Presupuesto Nacional 2023 se prevé bajar la partida presupuestaria para la Niñez, esto nos genera mucha preocupación, que producto de nuestros servicios de atención directa, nos permite ver el deterioro constante de las infancias que viven en una pobreza estructural”.

Agregaron: “no quedan dudas que las medidas de ajuste impactan directamente sobre los más vulnerables: los niños que crecen en la pobreza. El Informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, detalla que el recorte tendría un impacto negativo sobre las partidas presupuestarias en varias políticas públicas, entre éstas, la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentaria”.

Si bien durante la votación se incorporaron ampliaciones de las partidas presupuestarias según el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto (HCDN), la reducción de la inversión en derechos de niñas, niños y adolescentes pasó a ser del 2,4% en relación al crédito vigente 2022 o un 20,6% menor a lo devengado en el 2020. La suma total será de $3.083.314.515.401 (3 billones).

El presupuesto 2023 y las infancias vulnerables

presupuesto 2023
Foto: Eduardo Sarapura

Según informó Aldeas Infantiles SOS Argentina, la niñez en Argentina atraviesa una situación crítica desde hace muchos años, lo que se vio agravado por la pandemia y los índices de pobreza. Hoy en Argentina la mitad de los menores de 14 años son pobres, es decir que 5,5 millones de niños y niñas menores de 14 años vive en la pobreza (50.9%), de los cuales 1,38 millones son indigentes. “No podemos olvidar que el Estado es el principal garante de derechos, no es posible que se desentienda de sus funciones y responsabilidades. En este contexto de situación, las decisiones tomadas no solo dan cuenta de que la niñez no es prioridad en materia de política pública, sino que además se encuentra cada vez más en un estado de mayor desprotección”, afirmó la organización en un comunicado.

El informe difundido por ACIJ hace hincapié en la obligación de utilizar los presupuestos públicos hasta el máximo de los recursos disponibles del Estado para cumplir con los derechos de la niñez garantizados en las leyes y convenios internacionales. “Aunque existen diversas formas de evaluar la inversión en niñeces y adolescencias, la normativa constitucional, convencional y legal es clara en las obligaciones que establece para los poderes estatales que forman parte del ciclo presupuestario, como son el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo”. Y concluyeron que las infancias “atraviesan un contexto de altísima vulnerabilidad y tomarse su derechos en serio implica, también, asegurar y controlar que se destinen y ejecuten los recursos necesarios para asegurar sus derechos”.