La negociación en torno al futuro de la toma de Guernica, en el partido de Presidente Perón, no es la única que avanza en la Provincia de Buenos Aires. En Moreno, oeste del conurbano, se lleva adelante otra experiencia para encontrar una salida al conflicto de tierras más grande de la segunda sección, que lleva meses de tensiones en un escenario totalmente distinto al que se desarrolla en el sur provincial.
Sucede en el denominado Barrio La Bibiana II, a pocas cuadras del centro municipal, situado en Ruta 23 y O´Brien, lindero al Centro Integrador Comunitario La Bibiana. Allí, de acuerdo a la información aportada por fuentes oficiales, hay 130 familias de las cuáles 70 ya fueron reubicadas en terrenos fiscales que serán pagados por los vecinos de acuerdo a sus posibilidades. Si bien siguen las negociaciones, otro sector de la toma cuestionó esa metodología y sostiene que los nuevos lugares que ofreció la comuna son inundables.
El predio tomado tiene unas 5 hectáreas y media, es privado y sus propietarios iniciaron un juicio por usurpación que se tramita en el juzgado de Garantías N° 3, con competencia penal, a cargo de María Celina Ardohaín. En marzo, se dispuso el desalojo pero hubo dos elementos que le permitieron a los vecinos ganar tiempo ante el riesgo de una expulsión violenta: una serie de apelaciones presentadas por la Defensoría General de Moreno – General Rodríguez; y la sanción en la Legislatura bonaerense de la Ley 15.172 que suspendió los desalojos por la pandemia, en la misma línea del DNU 320/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en mayo.
El conflicto comenzó a mediados del año pasado en un clima político enrarecido. Por entonces, el jefe comunal Walter Festa, del PJ, había perdido las PASO del 11 de agosto, frente a otras cuatro listas peronistas. “Esta toma para nosotros es simbólica, porque está a pocas cuadras del centro de la ciudad y es uno de los principales accesos a la comuna”, confió a Tiempo una fuente municipal que reporta a la intendenta Mariel Fernández.
Luego de una compleja negociación, informada a la jueza Ardohaín, avanza la relocalización voluntaria de buena parte de la toma, al mismo tiempo que la Cámara de Apelaciones de Moreno ratificó la ejecución del desalojo que había quedado suspendido.
Arqueología política y judicial del caso
“Ni bien asumimos abordamos este tema. El 2 de enero hicimos el primer censo y pudimos dar cuenta de la cantidad de personas que había. Hubo varias idas y vueltas judiciales que fueron posponiendo un inminente desalojo, pero nosotros seguimos trabajando con las familias y el 19 de septiembre hubo un segundo relevamiento que determinó que había 130 grupos familiares”, contó a Tiempo Noelia Saavedra, secretaria de Desarrollo Comunitario de Moreno.
Las negociaciones con los protagonistas de la toma se dieron con un paraguas judicial que también sirvió para destrabar el momento más tenso en Guernica: el Protocolo de Actuación de la Suprema Corte de Justicia provincial para ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad.
El protocolo no impide la ejecución del desalojo pero establece recaudos para evitar la violencia institucional en casos de este tipo y permite que los estados provincial y municipal puedan intervenir para encontrar salidas. “La Cámara de Apelaciones de Moreno le había dado la razón al juzgado de primera instancia y resolvió que el desalojo debía llevarse adelante. Todo esto ocurrió mientras se prorrogó la Ley 15.172, pero no quedó claro cómo se debe proceder ante las tomas previas a la cuarentena”, describieron desde la comuna, que de todas formar optó “por no lanzar el desalojo, analizar caso por caso y avanzar hacia la relocalización de las familias”.
En ese proceso, la Fiscalía General de Moreno convocó formalmente a una mesa de diálogo a representantes de la Defensoría General, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y la subsecretaría de Hábitat. Además, desde el ámbito local, participan la Secretaría de Desarrollo Comunitario, la Secretaría de Justicia y Seguridad y el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, entre otras instituciones.
Los funcionarios municipales avanzaron con un censo en profundidad. “Se plantearon propuestas a cada una de las familias, quienes estuvieron acompañados de sus defensores oficiales, ya que están imputados del delito de usurpación”, explicó Saavedra. “Se trabajó mucho para que las familias que vayan aceptando voluntariamente la relocalización sean definitivamente desvinculadas de la causa penal”, precisó la funcionaria. Hace dos semanas comenzó el hilo fino de la negociación “con un fuerte acompañamiento de todas las áreas implicadas y desde hace poco más de una semana se logró la mudanza de unas 70 familias al Barrio Manantiales, en Moreno sur, con recursos de la Provincia y el Municipio”.
La voz de los movimientos
En las últimas horas, la Asamblea Autoconvocades de Moreno emitió un duro comunicado en el que sostuvo que el Municipio dividió a los vecinos del barrio La Bibiana y no contempló la decisión colectiva, al acordar individualmente con ellos. En ese mismo orden, se quejaron que con las lluvias del fin de semana desbordó un arroyo de la zona y se inundaron los terrenos donde se instalaron las familias reubicadas.
Gustavo Muñoz, referente del Partido Comunista (PC) y del Movimiento Tierra y Liberación (MTL) oficial, contó a Tiempo que “si bien hay algunos sectores que desconfían del proceso que se inició en Moreno, nosotros no apoyamos ciertas posturas aunque estamos muy atentos a cualquier posibilidad de represión”. “Afortunadamente, nos pudimos sentar en una mesa de diálogo y encontrar un principio de solución para las familias. Es una salida favorable”, destacó Muñoz quien puntualizó que “ahora es importante que hagamos un seguimiento de las familias y de las necesidades de cada una”.
También hay un grupo de militantes que integran el Movimiento Territorial de Liberación Rebelde que cada tanto interrumpe el tránsito en la Ruta 23 en reclamo de soluciones habitacionales, e incluso movilizó hace unos días a las puertas de la municipalidad de Moreno, pero para exigir la provisión de alimentos a comedores y merenderos.
Desde mediados de este mes, camiones y fletes trasladan a las familias desde La Bibiana a los terrenos fiscales, previamente loteados, en Moreno Sur dispuestos por la comuna. Los trabajadores municipales, en tanto, ayudan en el desarme y el rearmado de las casas.
Los beneficiarios, por su parte, hacen uso y goce de los lotes a cambio de comprometerse a pagar un monto de dinero de acuerdo sus posibilidades. Lo recaudado irá a fortalecer el Banco de Tierras Municipal. Se dispuso también una custodia policial permanente en los nuevos lotes y en La Bibiana para que no se produzcan futuros intentos de toma.
Como estos terrenos no tienen servicios, se estipula que la Subsecretaría de Hábitat Provincial encauce diferentes obras en un futuro próximo. “La solución planteada para La Bibiana II se da en un contexto en el que Moreno no tuvo nuevas tomas. Esta gestión ya desalentó sin violencia cerca de 140 intentos de ocupaciones, por eso fue posible esta solución que tiene que ver con una mirada de la gestión local respecto a la organización del suelo”, analizó Saavedra, quien concluyó: “Además, le pedimos al privado que haga uso del enorme predio que tiene, porque el Estado gastó muchos recursos para salvaguardar ese espacio que está ocioso desde siempre”.
