Los representantes docente denunciados penalmente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aún no pudieron acceder al expediente para conocer cuál es el delito por el que se los acusa y cuáles son las pruebas en su contra. La secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, debía presentarse a declarar esta mañana en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 7, pero obtuvo una prórroga para la semana que viene. Desde el gremio señalaron que se trata de una persecución por parte de la administración porteña ante la resistencia a la modificación del Régimen Laboral Docente.
Graciano indicó que la intimación es por una movilización que realizaron en noviembre del 2019 y que es en represalia a una denuncia que UTE realizó días atrás por el nombramiento a dedo de docentes entre los que se encuentra el hermano de la exgobernadora María Eugenia Vidal, Nicolás Casacallares Vidal. “La denuncia se reactiva porque nosotros hace 20 días denunciamos que estaban nombrando 31 docentes por acomodo, a dedo. Uno de ellos es el hermano de la exgobenadora. Existía un listado de gente que se anotó, presentó sus títulos, sus antecedentes y todo. En lugar de usar los listados, nombraron personas por fuera de eso, que son todos familiares y amigos del Gobierno. Cuando denunciamos eso empiezan estos problemas serios”, le dijo la representante sindical a Tiempo Argentino.
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El resto de los gremialistas notificados son Esteban Sueyro, secretario de Organización de UTE, Jorge Godoy, el secretario de Educación Especial y Marcelo Parra, secretario de Educación de Nivel Secundario. Los hechos ocurrieron el año pasado durante un acto público en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola en el que se manifestaron alrededor de 1000 maestras para rechazar el proceso de nombramiento. “Era la primera etapa del concurso que iban a hacer el año pasado que era por traslados. En vez de ir al orden de mérito, como dice el Estatuto desde 1986, decidieron ordenar por motivos. Eso rompe el mérito. Éramos todas mujeres, no hubo ningún tipo de violencia, nada. Eran cantos en defensa del Estatuto”, explicó Graciano.
El abogado Jacobo Grossman, a cargo de la defensa junto a Rocío Fernández, indicó que se trata de un intento de criminalizar la protesta sindical. “Se interrumpe un acto en medio de una protesta sindical, no es una interrupción para que este tipo de protesta entre dentro de los delitos penales. No hay otro delito, no hay violencia, no hay agresiones en relación a funcionarios ni nada”, afirmó el letrado a este diario. Además, anticipó que sus defendidos se presentarán a declarar una vez que tengan acceso al expediente. “Vamos a declarar pero una vez conocida la cuestión, por eso desde la Fiscalía aceptaron inmediatamente la prórroga. Los pasos a seguir son conocer la causa y participar de la indagatoria que la postergaron para la semana que viene. Todavía no han dado la fecha exacta. Es un juego formal, la fiscalía esperaba que pidiéramos una prórroga. Son esos trámites formales y burocráticos que se sacan antes de fin de año para hacer estadísticas”, agregó Grossman.
Graciano incluyó la denuncia dentro de un contexto general para modificar el estatuto por parte del Ministerio de Educación porteño. “Es la clave por la que están interviniendo. Ya hubo varios intentos de ir contra el Régimen Laboral Docente, tiene que ver con el acceso a los cargos por orden de mérito. Quieren modificarlo, son las recomendaciones del Banco Mundial que dicen que los sindicatos y los estatutos son el principal obstáculo. Es una discusión de fondo que toma un ribete medio raro en términos de hostigamiento, persecución y no ponerlo en el plano que tiene que estar que es en una mesa de condiciones de trabajo o en la paritaria. Quieren detener el reclamo”, afirmó la secretaria general de UTE. “El Régimen Laboral Docente está muy protegido y muy valorado por el 80% del sindicato que somos mujeres porque el orden de mérito te garantiza que no importa tu condición social, no importa si tienes hijos o no. Nos garantiza la igualdad, que no se distinga entre religión, origen social, ni que te revisen el Facebook para tomarte”, detalló.
