La aparición del Covid-19 generó diversos cambios de paradigmas. Algunos líderes políticos de todo el mundo auspician debates sobre los modelos de desarrollo y su impacto sobre la naturaleza y el creciente cambio climático. Varios mandatarios europeos, como Emmanuel Macron, han implementado diversas acciones con el fin de morigerar, desde el Estado, el impacto de la pandemia. La intervención estatal, mala palabra para el mercado, se implementó con fuerza. Algunas de estas acciones, inimaginables en la “antigua” normalidad, intentan garantizar el derecho a la vivienda, reconociendo al fin que, hasta ahora, ese derecho estaba librado al mercado.
El caso francés es paradigmático. Un país que ha tenido históricamente una política robusta en materia de soluciones habitacionales, con un gran parque de vivienda pública en alquiler, hoy, aunque pensaba recortar recursos, se ve obligado a ampliarlos y reforzar la prohibición de los crecientes desalojos, potenciados por el endeudamiento que ocasionan las medidas de aislamiento, necesarias para enfrentar al virus.
Desde marzo, la administración nacional prorrogó dos veces la moratoria invernal –normativa que suspende desalojos en esa estación, exigencia que imponen los tratados internacionales y que la gran mayoría de los países que adhieren no respetan, incluida la Argentina. Además, suspendió los recortes previstos a las prestaciones de vivienda para 2020, anunciados en su política de “austeridad”.
Pero la profundidad de la crisis llevó al gobierno francés a tomar otras medidas. En una circular enviada el 2 de julio por el Ministerio de la Ciudad y la Vivienda a todos los alcaldes, se relanzó el programa “La Vivienda Primero”. Con el objetivo de que “nadie quede en la calle”, se solicitó a los gobiernos locales que toda persona desalojada cuente con una vivienda adonde ser reubicada. En caso de que no se obtenga, el desalojo no puede llevarse adelante, y los propietarios pueden gestionar una compensación por parte del Estado.
Completa esta medida la prohibición de cerrar los refugios para personas en situación de calle y alojamiento para contagios leves, que regirá hasta que no se encuentren soluciones de vivienda alternativa (si hubiera que cerrar, por ejemplo, hoteles para reanudar su actividad comercial, se brindarán plazas adecuadas a las personas o grupos familiares).
Países de todos los continentes, con diversos sistemas de gobiernos, se han visto obligados a generar nuevas regulaciones para evitar desalojos, con relativo éxito. Seis meses después, y sabiéndolas insuficientes, llegó también en la Argentina, como ocurrió en Francia, la hora de profundizar esas garantías.
*Centro de Estudios y Acción por la Igualdad.
