La nueva ley anti LGBTI aprobada en Hungría está enfrentando agriamente a los socios de la Unión Europea. La legislación que prohíbe mencionar la homosexualidad y la transexualidad en colegios y medios de comunicación ya había sido considerada “una vergüenza” por Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, y repudiada por la mayoría de los líderes europeos. El que más lejos llegó es el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, quien dijo directamente que “Hungría ya no tiene cabida en la UE”.

En medio de las críticas y de posibles sanciones, los aliados del jefe de Gobierno húngaro, Viktor Orban, salieron a respaldarlo una vez más en su cruzada contra la diversidad sexual. El presidente de República Checa, Milos Zeman, apoyó la ley y aprovechó para calificar a las personas transgénero de repugnantes. Su par de Polonia, Andrzej Duda, famoso por señalar al movimiento LGBTI como “una ideología incluso más destructiva que el comunismo”, pidió a la UE que se mantuviera al margen de las medidas adoptadas por Hungría.

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“El nacionalismo antiliberal tiene en común la creencia de que le ha tocado una tarea histórica y que el fin del comunismo fue solo el comienzo del camino hacia una utópica liberación nacional a costa de ignorar a la UE”, apunta Tomás Várnagy, profesor de Teoría Política de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, el choque al interior del bloque solo puede escalar en el plano retórico. “El grifo financiero de Bruselas es demasiado lucrativo. Entre 2007 y 2020, los países de la UE recibieron 395 mil millones de euros, la mitad de los cuales se destinaron a Hungría y Polonia”, dice.

El llamado Grupo de Visegrado, que integran Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, suele pactar posiciones comunes dentro de la UE, pero nunca insinuó una ruptura al estilo Brexit. Para el experto en Europa Central formado en la Academia de Ciencias de República Checa, Orban repudia “la idea liberal de una sociedad abierta”, mientras “permanece firmemente conectado con la industria automotriz europea transnacional y las redes militares del atlantismo a través de su membresía en la UE y la Otan”.

Se trata del último cortocircuito entre Budapest y Bruselas, pero no del primero. Las instituciones europeas acusaron en el pasado a Hungría por atacar la independencia de la prensa y del Poder Judicial, por su legislación homofóbica y por su rechazo al sistema de cuotas de refugiados que el bloque propuso en 2015. La analista internacional Valeria Puga asegura que las medidas de Orban y otros líderes ultraconservadores de Europa Central no buscan tanto antagonizar con la UE, sino más bien obtener réditos electorales.

La cuestión se torna más compleja si se analiza la incorporación al bloque de los países excomunistas. “El acceso a la UE comprendía el cumplimento de los llamados criterios de Copenhague, que tienen que ver con el Estado de derecho, los derechos civiles y los derechos individuales –explica Puga, doctora en Filosofía por la Universidad Corvinus de Budapest–, y muchos de estos países tuvieron que adaptar sus normativas y estándares institucionales de una manera apurada para cumplir y ser parte del bloque”.

Es que los gobiernos de Visegrado, continúa la analista, comparten la falta de convicción en los valores liberales y una memoria histórica traumática. En consecuencia, “lo que no pertenece a las tradiciones o al universo simbólico del país es rechazado”. Otro rasgo en común es el marcado anticomunismo, lo cual los obliga a calibrar su estrategia hacia Bruselas. “Polonia es uno de los que más fondos recibe del presupuesto europeo. Para los países que tuvieron un pasado comunista y atravesaron un pequeño interregno hasta llegar a convertirse en miembros, pertenecer a la UE supuso un crecimiento de sus economías”, recuerda.

Pero el Grupo de Visegrado muestra el músculo cada vez más seguido ante los miembros fundadores de la UE. Polonia y Hungría llegaron a bloquear el presupuesto de emergencia en 2020 por una cláusula que ataba la distribución de los fondos al cumplimiento del Estado de derecho. En abril pasado, se aliaron con los países bálticos para boicotear una cumbre de alto nivel con el mandatario ruso Vladimir Putin promovida por Alemania y Francia.

Esta tendencia podría continuar ya que la presidencia rotatoria del bloque recae desde el 1 de julio en el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, alineado con Orban. Serán seis meses de gracia. “El Grupo Visegrado y los países del Este pueden paralizar a la UE haciendo inviable el proceso de toma de decisiones”, advierte Puga. “Es una deriva conservadora que no se circunscribe únicamente a una limitación de las libertades civiles, sino que se extiende a toda una visión filosófica muy contrapuesta a los valores que dice defender la UE”. «