A poco más de un mes de gestión, el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador da señales claras de que continuará la línea de su antecesor en su cruzada contra el correísmo y otras expresiones de izquierda en su país. La persecución judicial a los miembros de la Revolución Ciudadana, el espacio que representa el expresidente Rafael Correa, iniciada durante el mandato del converso Lenin Moreno, no solo no se modificó sino que las instancias involucradas en las causas continúan avanzando con medidas contra los acusados, entre ellos el propio Correa, el exvicepresidente preso desde 2017, Jorge Glas, y otros dirigentes, muchos en el exilio.

“Con Lasso la persecución no frenó. Además de los que estamos exiliados y nos persiguieron en el contexto de las protestas, Rafael Correa tiene una condena de 8 años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos y Jorge Glas lleva años preso sin pruebas”, aseguró la excongresista Gabriela Rivadeneira en una entrevista reciente. Ella le pide a Lasso que ponga en marcha una Comisión por la Verdad con especialistas internacionales en corrupción.

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“Les guste o no, en Ecuador existen presos y perseguidos políticos, negando o insultando, lo único que hacen es ocultar una realidad; por ello planteamos Comisión de la Verdad, para que analicen los casos”, señaló hace unos días Virgilio Hernández, uno de los dirigentes que fue encarcelado por el supuesto de “rebelión”, junto con la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón. Ambos fueron liberados, aunque las causas continúan. Hernández fue electo en las últimas elecciones para ocupar una banca en el Parlamento Andino, el equivalente al Parlasur del noroeste del continente, por lo tanto tendrá fueros, aunque juristas ponen en duda si lo protegerán de un avance judicial en su contra. El propio Hernández señala como “vergonzoso” el proceso seguido por Ricardo Patiño, excanciller de Correa y uno de los primeros en emigrar a México, por un proceso similar. Hasta el excandidato presidencial, Andrés Arauz, emigró preventivamente para no ser objeto de persecución, al menos mediática, por un pedido de investigación una supuesta (poco sostenible) acusación de que su campaña fue financiada por un grupo guerrillero rebelde colombiano. No es casual que Lasso se pronunció siempre a favor de que se realice la pesquisa pertinente.

Si bien él se muestra ocupado con el acuciante problema que la pandemia generó en su país, sobre todo por la inacción de Moreno (debió presentarse ante la Asamblea para rendir cuentas por su gestión) el gobierno viene eludiendo dar una respuesta a revisar o pronunciarse sobre las numerosas causas que pertenecen, a todas luces, al terreno del lawfare. “Es que la línea de Moreno era la línea de Lasso”, reflexionan desde el entorno correista.

Como señal inequívoca, a pocos días de asumir la nueva gestión, la Procuraduría solicitó embargar los bienes de Correa para cumplir con la reparación económica impuesta en la sentencia del “caso Sobornos”. También figura entre los que están obligados a pagar la cantidad establecida (778.224 dólares los autores directos y 368.632 los cómplices) el exvice Glas, ambos sentenciados a ocho años de cárcel.