Supongamos que, de paseo en el Reino Unido, usted tenga la curiosidad de saber de quién son las tierras que contempló, el castillo o la iglesia que visitó. Es una misión imposible, que no le recomendamos. Como tampoco la cocina inglesa.

Es que en ese país no existe un registro público exhaustivo de las propiedades, habida cuenta de que la compraventa es un contrato entre particulares, ajustado a derecho, sin duda, pero protegido por un secreto que asemeja a la omertá (el código de silencio de la mafia). Así, el Land Registry abarca hasta el 83% de los dueños de la tierra, y en los hechos no es posible conseguir información. Un 17% de la identidad de los propietarios permanece fuera del alcance hasta del Parlamento.

Si desea comprar una propiedad en el Reino Unido, sabrá que existe la freehold property, que otorga la propiedad del terreno y la edificación, que será trasmitida por herencia hasta que, de no existir herederos, volverá a la Corona. Así, la familia real inglesa es la propietaria “en última instancia”.

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También está el leasehold estate, por el cual usted adquiere la propiedad absoluta, aunque por una cantidad limitada de tiempo, por ejemplo 99 años. Dicen que en medio rural predomina la propiedad plena, y en medio urbano la propiedad con fecha de vencimiento. Los leaseholders suelen pertenecer a la nobleza inglesa y al clero anglicano; de ellos son las tierras de los barrios más selectos. Guy Shrubsole demuestra en su libro Who Owns Britain? (2019) que 25 mil personas son dueñas de la mitad de la tierra británica. Menos del 0,1% de la población.

Es que las numerosas revoluciones o reformas británicas del siglo XVII en adelante aumentaron algunos derechos civiles, según los tiempos un poco de a poco. Incluso Cromwell, que hizo rodar la cabeza del Rey Carlos I en 1649 –una primicia para la época- no dudó en masacrar a los Niveladores, que aunque partidarios suyos en las guerras civiles, propusieron reformas igualitarias o libertad religiosa. La propiedad de la tierra británica es regida por parámetros de los tiempos de Guillermo el Conquistador. Esa relación de clase tiene formas de tradición.

Si, cansado de la comida, desea probar otros sabores y viaja a Francia, verá que los latifundios en manos de la nobleza y el clero franceses fueron expropiados en los tiempos posteriores a 1789, vendidos como “bienes nacionales” a la burguesía rural, o conservados como garantía del papel moneda emitido por los revolucionarios. Que decapitaron a Luis XVI, y al sistema de propiedad feudal.

Años después, Napoleón, que era un tipo de Códigos (Civil y Penal, por ejemplo) definió las formas de la propiedad adecuadas al nuevo régimen y estableció las garantías necesarias para el desarrollo del orden burgués.

Así es como le bastará entrar a cualquier municipio francés, donde le brindarán de inmediato el catastro que le permita conocer quién es el propietario de cada parcela de tierra, si tal o cual castillo recibe subvenciones del Estado o es propiedad nacional, como todas las catedrales de Francia. Y además la comida es más rica.

De donde concluimos que la propiedad en general y de la tierra en particular es una convención social, marcada por relaciones de poder surcadas por la historia. Para nada es una dimensión absoluta, como sostienen nuestros gentleman farmers de la mesa de enlace. La Revolución Francesa fue, en esencia, una reforma agraria. Vive la Nation!  «