El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le pidió a la fiscal Ana Russo que se pronuncie sobre el pedido de imputación contra la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional por la Capital Federal María Eugenia Vidal en el expediente por la mesa judicial bonaerense, también conocida como “Causa Gestapo”. Lo hizo después de que el abogado César Albarracín, quien representa al sindicalista de la Uocra de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, pidiera su imputación formal en el expediente “como una de las máximas responsables de los hechos que se investigan”.

Albarracín detectó que Vidal mintió en al menos cuatro oportunidades en el reportaje que concedió al canal de TV opositor La Nación Más y de allí concluyó que “esta sucesión de mentiras y falsedades, junto al intento de justificación de la actividad desplegada para el armado de las causas, no es más que constitutivo de lo que la doctrina denomina ‘indicio de mala justificación’”.

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El dictamen, que la fiscal Russo deberá emitir entre el lunes y el martes, es clave para determinar si Vidal será o no imputada en la causa. Pero no es definitivo: podría ocurrir que no fuera incriminada ahora pero sí más adelante, cuando avance la investigación.

La otra novedad importante es que, finalmente, tal como anticipó Tiempo, se produjo el planteo de incompetencia para llevar la causa a Comodoro Py 2002.

Por distintas vías, dos exespías presentaron sendos escritos para correr a Kreplak de la escena y buscar refugio en los tribunales federales de Retiro. Darío Biorci, el exjefe de Gabinete de la ex número dos de la AFI Silvia Majdalani, y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe de Jurídicos de la central de Inteligencia, plantearon la cuestión de competencia aduciendo que la filmación sobre la cual gira la investigación ocurrió en la sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal. El abogado de Biorci es Juan Pablo Vigliero, el mismo que defiende a Majdalani. De Stéfano, por su parte, planteó incluso una “excepción de falta de acción” con el pretexto de la incompetencia.

El juez Kreplak, en tanto, rechazó el pedido de Sergio Martínez, procesado y en camino a juicio oral y público por su rol de dueño de “El Chaqueñito”, agencia de autos sospechada de lavado de activos del sindicalista Marcelo Balcedo. Ya había rechazado a Roberto Baradel y aún no se pronunció sobre la situación de Alberto Pérez, el exjefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Daniel Scioli.

Pérez eligió para que lo represente en el expediente a otro supuesto perseguido por el gobierno de Mauricio Macri, el ex camarista federal Jorge “Paty” Ballestero, hoy abogado particular asociado al penalista Pablo Slonimsqui. No es un dato menor. Tanto en La Plata cuanto en el caso de que el expediente pase a Comodoro Py, del otro lado (incluido el propio staff judicial) hay buena parte de la “familia judicial”: es un festival de maridos, esposas, exparejas, actuales y exjueces y hasta secretarios/as/ de la Corte Suprema. Es bueno, en estos casos, conocer el paño, además del Código Penal.

El otro escenario en el que se empezará a mover la investigación es en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau. Desde el martes comenzarán a desfilar los empresarios que estuvieron en la reunión de la mesa judicial bonaerense. La lista incluye a Fabián Cusini, Marcelo Jaworrsky, Guillermo Moretto y Jorge del Río. No están imputados en la causa penal y tampoco la Bicameral les reprocha nada por ahora. Confían, sobre todo a partir de un documento que publicaron en los últimos días despegándose del episodio, que aportarán mucha información sobre lo que ocurrió.

Es que en la Bicameral están convencidos de que la prueba que puedan producir en ese ámbito será la clave para el eventual llamado a indagatoria de los exfuncionarios bonaerenses e, incluso, de la propia exgobernadora.  «