«El ministro de Justicia, Germán Garavano, mandó a un funcionario a que nos llame y nos diga ‘váyanse porque va a correr sangre’. Fue al inicio de la gestión. Ese fue el mensaje que nos pasó». Horas antes del previsible llamado a indagatoria del juez federal Julián Ercolini, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, contó aquel episodio hasta ahora desconocido. Nada sorprende.

Aquel mensaje de la sangre fue recibido por el secretario general de Coordinación Institucional de la Procuración, Lisandro Pellegrini, cuyo despacho es contiguo al de Gils Carbó. Incluía un plazo: antes de fin de aquel 2015. Y advertía que la «sangre» que supuestamente iba a correr llegaría «a la primera, a la segunda y a la tercera línea».

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¿Por qué no hicieron la denuncia? «Porque no nos sentimos amenazados. La amenaza surte efecto cuando provoca temor en el amenazado. Y esto no nos movió un pelo».

Hay un detalle que no pasa inadvertido. Allegados a Gils Carbó explicaron que aquel  llamado ocurrió alrededor del 15 de diciembre de 2015,  días después de la asunción de Mauricio Macri. En un reportaje que concedió a la hoy silenciada Radio América, Garavano reclamó a poco de asumir que Gils Carbó debía «dar un paso al costado».

No fue (al menos hasta ahora) con sangre. La secuencia que se avecina es indagatoria – procesamiento – ataque final. ¿Será Macri, justamente él, capaz de firmar un decreto de remoción de la procuradora por su procesamiento?, ¿qué ocurriría si Gils Carbó dijera que Ercolini es a ella lo que Norberto Oyarbide fue a Macri?

Las «formas», tan importantes en el cambio que prometió Cambiemos, quedaron a un lado. Garavano, pero también Macri y el consejero de la Magistratura Pablo Tonelli, empujan desesperadamente la salida. Gils Carbó desmintió ser una «militante kirchnerista», pero admitió pertenecer a la agrupación judicial Justicia Legítima, a la que el gobierno y sectores afines vinculan con el anterior gobierno pese a que –por ejemplo– fue la hoy procuradora quien como fiscal ante la Cámara en lo Comercial impugnó la fusión de Cablevisión con Multicanal que habían acordado el expresidente Néstor Kirchner y el CEO de Clarín, Héctor Magnetto.

Se le reprocha a la procuradora obstaculizar investigaciones por corrupción de funcionarios kirchneristas. «No hay un solo fiscal que diga que yo traté de impedir que hiciera su trabajo», desafía Gils Carbó. De hecho, el fiscal Eduardo Taiano consiguió su indagatoria para el 31 de agosto por la compra del edificio en el que hoy funciona la Procuración.

Si Gils Carbó debe ser removida porque es una «militante kirchnerista», ¿su caso es muy diferente a los del actual procurador general bonaerense, Gerardo Conte Grand, y del exprocurador general de la Ciudad de Buenos Aires (hoy ministro de Justicia y Seguridad porteño) Martín Ocampo, quienes –como todos saben– provienen de sendos repollos?

Nunca en democracia se removió a un procurador general. El primer antecedente se remonta a 1955, cuando la dictadura que derrocó a Juan Perón echó de su cargo al procurador mediante un decreto ley.

¿La procuradora tiene estabilidad en el cargo? El artículo 53 de la Constitución otorga ese privilegio a los jueces de la Corte. Pero la ley del Ministerio Público, de inferior jerarquía pero también de aplicación obligatoria, los equipara. La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, opinó que el cargo de procurador general es «vitalicio».

¿El gobierno puede removerla por decreto de necesidad y urgencia? «El Poder Ejecutivo no podrá emitir disposiciones de carácter legislativo salvo circunstancias excepcionales y que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos». Nada dice sobre la remoción de la procuradora. Quienes impulsan esta herramienta para expulsarla recurren al principio «si no está prohibido, está permitido».

¿Hay una tercera vía? Sí, una ley específica que establezca un nuevo mecanismo de remoción. Debería reformar la ley de Ministerio Público y quitar la equiparación del procurador con los jueces de la Corte. Ello abriría un nuevo debate constitucional que inevitablemente terminará en la Corte Suprema. Para sancionar esa ley hacen falta en el Congreso mayorías que hoy no están . «

Respaldo regional

La reunión de los fiscales iberoamericanos que se realizó el jueves en Buenos Aires tuvo, originalmente, el propósito de manifestar el apoyo a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, una chavista de la primera hora hoy enfrentada con el gobierno de Nicolás Maduro. Por elevación, terminó consolidando un fuerte respaldo a su par argentina, Alejandra Gils Carbó, anfitriona del encuentro. La declaración final de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) se dirige específicamente a sostener a Ortega Díaz, quien participó vía teleconferencia. Sin embargo, al menos dos de los puntos del documento están planteados a medida de la situación de Gils Carbó frente al asedio del gobierno de Mauricio Macri. «Rechazamos cualquier tipo de acción de hostigamiento, acoso, amenaza, intimidación y agresión dirigidos contra los titulares de los Ministerios Públicos y sus integrantes en el ejercicio legítimo de sus funciones», dice el punto 3. Y el 4: «Exhortamos al respeto irrestricto de los mecanismos constitucionales y legales para la remoción y designación de las y los fiscales y procuradoras/es generales».