Cristóbal López y Fabián De Sousa están presos porque el gobierno nacional forzó que estuvieran presos.
La decisión judicial que había tomado la Cámara Federal cuando los excarceló les costó el cargo a dos jueces. Las libertades fueron apeladas, y el mismo día en que el fiscal general Raúl Plée (uno de los sindicados como el verdadero poder en la futura Procuración General de la Nación) pidió la «inmediata detención» (nuevamente) de ambos, los dos jueces que los dejaron libres salieron eyectados del tribunal.
¿Qué otra cosa podían hacer los jueces llamados a revisar ese fallo? La opción era volver todo para atrás o soportar también ellos el tembladeral de resolver diferente a lo que les pidieron públicamente.
López y De Sousa volvieron a la cárcel. El fallo es el más politizado en la historia reciente del Poder Judicial.
Los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi votaron en sintonía con la indignación del gobierno ante las libertades. Ana María Figueroa se pronunció en disidencia. Ya sabe lo que le espera.
El mensaje era claro hasta para un niño: los que los dejaron libres perdieron el cargo, el que tiene poder creciente y además conoce a Mauricio Macri desde los tiempos en que era presidente de Boca Juniors pidió la inmediata detención. Señores jueces, ya saben lo que tienen que hacer.
Eso, exactamente eso, es manipular a la Justicia. Disciplinarla. Y está mal, lo haga quién lo hiciere. Estuvo mal en los gobiernos anteriores y está mal en el actual. La colonización del Poder Judicial es un vicio que atraviesa a todos los gobiernos, con una lógica calcada de unos a otros: llegan con la declamada voluntad de respetar la independencia pero a poco de andar descubren que necesitan, real o tácitamente, que los jueces los ayuden a gobernar. Entonces comienza una relación de prostitución no sexual aunque a veces sí sadomasoquista. El poder político «convence» a algunos jueces, a veces con seducción (en sus formas más variadas), otras veces con la prepotencia, el golpe o la amenaza de males futuros. ¿Cuáles? El fin abrupto de una carrera que a los jueces les asegura generosos sueldos exentos de impuestos, tiempo libre, flexibilidad de horarios, una obra social exclusiva, status, autos, choferes y custodias, un mes y medio (por lo menos) de vacaciones. Y muchos etcéteras más.
Después de firmar las excarcelaciones de López y De Sousa, el camarista Eduardo Farah se vio obligado a dar una entrevista periodística para aclarar que no había sido sobornado.
Su colega Jorge Ballestero pagó con su cuerpo los trastornos: varios stent volvieron a destapar arterias coronarias obstruidas, en buena medida, por el estrés.
Farah concretó la salida elegante de irse a otro tribunal, una suerte de puente de plata al ostracismo. Ballestero pidió una licencia médica que amenaza con extenderse hasta su jubilación, probablemente a fin de año. Desde el peronismo que se encolumna detrás de Miguel Ángel Pichetto recibió una señal de que nada malo le ocurriría si decidía permanecer en la Cámara, pero desde la mesa chica judicial del gobierno escuchó el plazo: afuera antes de 60 días. Una cumbre familiar lo convenció de que ya no tenía sentido seguir. Temían que un día entregara la vida en su despacho. «
