A pesar del susto médico que sufrió en Indonesia, cuando la cumbre del G20 estaba por arrancar, el presidente Alberto Fernández pudo encapsular la minicrisis y concretar las dos bilaterales más importantes que tenía en esa escala en el sudeste asiático. Cuando volvió del hospital, donde se hizo una endoscopía de urgencia, se reunió con el mandatario chino Xi Jinping. Después de dormir ocho horas y no salir del hotel donde se alojaba, se reunió a la media tarde con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Llegó acompañado por el canciller, Santiago Cafiero, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, y el ministro de Economía, Sergio Massa. El plato fuerte de la reunión fue el costo de la guerra en Ucrania sobre la economía argentina y el reclamo al organismo de obtener una compensación de 4940 millones de dólares.

La cifra forma parte de un informe que el jefe del Palacio de Hacienda le entregó en la mano a la titular del FMI antes de que concluyera la cita. Tiempo accedió a ese documento que fue preparado por el equipo económico. Georgieva quedó en estudiarlo, aunque fuentes del encuentro confiaron que durante los 20 minutos de la charla con el presidente «se habló de la mejor estrategia para que el board del organismo lo acepte».

Los primeros en reclamar una respuesta del Fondo ante el impacto de la guerra fueron los países europeos que hicieron su planteo en Washington. Advirtieron que eran los primeros afectados. De ahí surgió la iniciativa argentina que Massa le entregó a Georgieva, pero como el anticipo de la presentación que hará en el board del organismo. En el Palacio de Hacienda buscarán consensos con los demás países para ganar esa votación, pero la expectativa es que el tema deba ser analizado y que cada miembro del directorio tenga que optar. «Para que quede en evidencia quién está en contra de aprobar compensaciones para los países afectados por la guerra y quiénes contra la posibilidad de alivianar los sobrecostos que afronta Argentina», explicó una alta fuente de Economía.

La expectativa es que el directorio se defina ante dos herramientas posibles. Descontar intereses o que se disminuyan las metas que Argentina debe cumplir en 2023, un año electoral clave.

El planteo de los intereses sucede en un momento donde Argentina reclama la eliminación de las sobretasas para los países que reciben créditos que superan su cuota parte dentro del organismo. En el G20 retumbó el reclamo de que Ucrania también afronta el pago de sobretasas y Massa recordó que son más altas de los costos financieros que cobra el BID, el Banco Mundial y el Club de París. De las reuniones en Indonesia también se terminó de develar por qué hay tanta resistencia a eliminar las sobretasas. «Las usan para financiar a la burocracia del Fondo», explicaron en la comitiva presidencial, aunque acotaron que tanto Holanda como Alemania ya anticiparon que no están de acuerdo con establecer compensaciones, pero estarían dispuestos a dar una respuesta al reclamo de las sobretasas.

El documento que tiene Georgieva desmenuza el cálculo sobre los 4940 millones negativos en la balanza comercial, «atribuido a un shock generalizado en los precios internacionales del sector agropecuario y en los precios de los combustibles». En el caso de las proteínas hubo subas del 9,4% para el trigo, del 33,7% para el trigo y del 7,8% para el maíz, pero al mismo tiempo los combustibles se dispararon mucho más: el gas que Argentina importa de Bolivia subió un 114%, el Gas Natural Licuado se incrementó el 233% y el gasoil trepó un 85%.

El paper se enfoca en ese contrapunto. Recuerda que «el valor de las importaciones de combustible aumentó a 5756 millones de dólares, cuando el valor proyectado antes de la guerra era de 1999 millones» de esa divisa. «Esto significó un aumento neto de 3757 millones», mientras que «las exportaciones netas del complejo agroexportador estuvieron 617 millones de dólares por encima de las proyectadas antes de la guerra». Sin embargo «el costo de envío de las exportaciones sufrió un aumento de 1800 millones de dólares con respecto a los pronósticos anteriores a la guerra».

Con esa ecuación, el gobierno argentino sostiene que durante el invierno de este año «la balanza energética fue significativamente negativa, lo que dio como resultado una balanza comercial negativa a raíz de las importaciones de energía». Ese proceso derivó en «un aumento exponencial del déficit del sector energético en la balanza comercial respecto a los meses de invierno de 2021».

El encarecimiento de los alimentos tiene que ver en parte con ese fenómeno. «El aumento del precio de los principales productos básicos incrementó la necesidad de contar con divisas para importar combustibles, entre los que se incluyen los utilizados para el suministro de energía durante 2022».

Para demostrar el impacto, en el equipo económico hicieron un cálculo. «Si suponemos que los precios se mantienen en el promedio mensual de 2021, las importaciones de combustibles alcanzarían los 9033 millones de dólares», lanza el estudio.

Pero cuando compara demuestra que hay otra realidad peor. «En cambio –señala– con el correspondiente aumento de precios para 2022, se proyecta que las importaciones de combustibles alcancen los 13.279 millones».

Con ese prólogo, el paper señala que «el diferencial de 4246 millones implica un efecto negativo muy importante en la balanza comercial argentina, que aumenta la necesidad de contar con divisas para importar».

El gobierno buscó mitigar ese impacto con el aumento de la producción local de gas. También renegoció el contrato de provisión de gas con Bolivia, importó energía eléctrica de Brasil, a precios controlados para la generación termoeléctrica, desplazó los apagados programados de mantenimiento de las centrales nucleares y fue cambiando combustibles para surfear los picos de demanda y las subas de precios internacionales. Aún así, indica el estudio, «el shock en el precio de los combustibles generó un aumento en los subsidios energéticos entregados por el Gobierno Nacional durante 2022 y, según los pronósticos, se espera que los subsidios asciendan a 1.799.286 millones de pesos este año».

La zona más delicada de esos subsidios es la trasferencia directa de fondos públicos a la distribuidora para el mercado eléctrico, CAMMESA. Para este año «se estima que se gastarán 1.270.943 millones en el mercado eléctrico», porque «la guerra generó un aumento en los subsidios a CAMMESA de 350.578 millones de pesos», mientras que para el gas hubo «un crecimiento de 237.416 millones respecto a 2021». De ese modo «el aumento de los precios de las materias primas a causa del conflicto se traducirá en un incremento de 587.934 millones de pesos en los subsidios».

Sobre los aumentos de la soja, el trigo y el maíz, el documento detalla que «en los meses siguientes se produjo una reversión de los precios como consecuencia de las medidas de los países para mitigar el efecto de la guerra, con un nuevo repunte en agosto de 2022». En ese mapa «Rusia y Ucrania representan el 30% de las exportaciones de trigo y el 20% de las exportaciones de maíz a nivel mundial». Por esa razón «la restricción a sus exportaciones es una de las principales causas del aumento de los precios del trigo y el maíz». A eso se suman los fertilizantes, que dependen directamente de los aumentos del gas natural.
«A pesar del alza en los precios de los granos, la cantidad de grano necesaria para comprar una tonelada de fertilizante aumentó, lo que la sitúa en niveles superiores a los observados antes del conflicto».

Esa cifra impacta duramente porque «Argentina importa el 70% de los fertilizantes que necesita para su producción agrícola». Este año hubo un incremento del 93% respecto a las importaciones de 2021, aunque la tendencia de los últimos ocho meses registra una caída del 30% en los más utilizados. «Las importaciones estimadas para 2022 podrían ser menores, de entre 3080 millones y 3784 millones de dólares», acota.
También pesan los transportes de las exportaciones. Hubo cuellos de botella luego de la pandemia y la guerra. Según «la Bolsa de Cereales de Rosario habrá un incremento en los costos totales de las exportaciones de cultivos cercano al 62% respecto a la campaña 2020-2021, lo que representa un incremento de 1.850 millones, mientras que para las importaciones, se estima un costo adicional de 1.217 millones de dólares para 2022».

Los contornos de las pérdidas argentinas son parte del próximo capítulo de las negociaciones con el Fondo. En el gobierno dan por descontado que las metas de este año serán cumplidas. En diciembre será el momento de discutir el año próximo y para entonces esperan que el reclamo sobre las compensaciones ya esté en pleno debate dentro del directorio. Para que eso suceda sólo faltan 20 días y el documento ya circula entre los integrantes del directorio que deberán expedirse a favor o en contra del pedido de Argentina. Otro examen para la renovada omnipresencia del FMI dentro de la política nacional desde 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri pidió un auxilio de 55.000 millones de dólares y el Fondo le otorgó 44.000 millones. «