Los intereses por la deuda pública que abonó el gobierno en enero bajaron un 69% con relación al mismo mes del año pasado y un 78% si se los considera por su equivalente en dólares. El dato surge del informe fiscal que brindó la Secretaría de Hacienda sobre los gastos e ingresos del sector público nacional en el primer mes de este año.

Los $ 27.104 millones abonados por ese concepto son menos de la tercera parte de los $ 87.052 millones pagados en enero de 2020, antes de que se produjera el canje de los bonos emitidos por el gobierno en el mercado internacional y que los títulos que cotizan en el doméstico comenzaran a tener una mayor duración, lo que implica que los pagos se pateen hacia más adelante.

El dato es todavía más valioso si se tiene en cuenta la inflación y la devaluación del peso. Medidos en moneda dura, al tipo de cambio mayorista informado por el Banco Central, los intereses bajaron de U$S 1450 millones, a U$S 315 millones. Un año antes, en enero de 2019, se habían abonado $ 76.696 millones, que a la cotización de aquel entonces implicaban una suma todavía mayor: U$S 2050 millones.

Semejante reducción permitió que en el comienzo del año, el gobierno lograra un virtual empate entre ingresos y gastos totales (en realidad hubo un déficit financiero de $ 3030 millones, equivalente a menos del 0,01% del PBI). Más aún, el resultado primario, que sólo contabiliza los gastos corrientes y de capital (excluyendo el pago de los intereses) fue positivo en $ 24.074 millones. De esa forma, se rompió una racha de 14 meses consecutivos con déficit.

¿Una golondrina?

En el Palacio de Hacienda celebraron que “la mejora de los ingresos de la mano de una progresiva recuperación económica, la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y la normalización del mercado de deuda en moneda local han permitido un fortalecimiento de las finanzas públicas”. Es decir, explica la mejora del resultado fiscal a un cambio estructural y no a algo circunstancial. Claro que una golondrina no hace verano: enero es un mes estacionalmente tranquilo, en el que la rueda burocrática del Estado todavía no empezó a generar compras ni pagos que deberán enfrentarse en los próximos meses. Por ejemplo, ya hay un 8% de aumento a las jubilaciones y pensiones, además de asignaciones familiares, disparado por la nueva fórmula de movilidad en los haberes, que impactará en las cuentas fiscales desde marzo.

Así y todo, el discurso oficial rescata la importancia de pagar menores intereses. El ejemplo es la reestructuración de los títulos soberanos, a la que se llegó después de una trabajosa negociación con los bonistas internacionales: en estos dos años pagarán 0,25% anual, en vez del rango del 7% al 9% en que se ubicaban hasta ahora.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió también al Fondo Monetario Internacional que aplique este criterio en la discusión por un nuevo programa de apoyo financiero. En la reunión virtual de ministros de Finanzas del G-20, planteó que la actual política de tasa de interés que sigue el organismo “es desigual, porque afecta de manera desproporcionada a los países emergentes y de ingresos medios, y es procíclica, porque impone condiciones más duras a los países que tienen condiciones de mercado más adversas”.

Será el Fondo, justamente, el causante de que en febrero se quiebre la tendencia bajista en el peso de los intereses de la deuda pública en el gasto total. A comienzos de mes, el gobierno le envió U$S 313 millones por los intereses del préstamo stand by acordado en 2018. Giros similares deberían reiterarse en mayo, agosto y noviembre. Si el gobierno logra reemplazar ese acuerdo con uno nuevo, que además de refinanciar el capital contemple la baja en los tipos de interés pedida por Guzmán, la situación fiscal podría mejorar en los próximos meses.  «